Luego de las declaraciones realizadas por Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, sobre la detención del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada en las que afirmó que el gobierno mexicano si tiene conocimiento sobre el proceso legal que enfrenta en el país vecino, la presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en responder.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum afirmó que el problema de la captura fue la forma en que se realizó, pue las autoridades señalan que no se le brindó información al gobierno mexicano por parte de las autoridades estadounidenses.

«Comentábamos hoy en el gabinete: El fin NO justifica los medios. No porque hayan detenido a un narcotraficante uno ve la manera en la que se detuvo. La manera en la que haces las cosas también tiene fondo», comentó la mandataria.

Por otro lado confirmó que si existe comunicación entre Salazar y Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sobre el caso del narcotraficante.

«Hay comunicación entre el canciller y el embajador, hay reuniones. Nosotros siempre vamos a pedir respeto y condiciones de igualdad, que se cumplan las normas nacionales e internacionales en el caso de detenciones», añadió.

Asimismo, Sheinbaum compartió un diálogo que tuvo con el Fiscal General, donde se discutió la importancia de respetar los procedimientos establecidos.

La presidenta hizo hincapié en que cualquier modificación a la Constitución debe seguir un proceso legal y democrático, y no puede ser impuesta de manera autoritaria.

«Nos acusan de ser autoritarios, pero solo estamos siguiendo lo que dicta la Constitución», agregó.

En relación a las críticas recibidas por parte de algunos sectores, Sheinbaum recordó que la Corte Suprema tiene la facultad de pronunciarse sobre posibles irregularidades en los procedimientos llevados a cabo, pero no puede imponer una nueva Constitución sin respetar el debido proceso. La mandataria cuestionó entonces quiénes son los verdaderos autoritarios en esta situación.

Finalmente, Sheinbaum señaló que cualquier funcionario público tiene el derecho de renunciar si considera que no puede cumplir con su labor de forma ética y legal, o incluso de postularse para cargos políticos si así lo desea.

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