La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó con firmeza la reciente controversia generada por una publicación de la cadena CNN, la cual sugería la participación de agentes de la CIA en operativos contra el crimen organizado en México.

Desde Palacio Nacional, la mandataria calificó la información como «sensacionalista» y carente de fundamento, asegurando que se trata de una narrativa de ficción que no corresponde a la realidad operativa del país.

Este desmentido se suma a la postura de la propia vocera de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quien previamente calificó el reporte como falso. La presidenta enfatizó que la relación con Estados Unidos en materia de seguridad se basa en una colaboración transparente, rigurosamente delimitada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, las cuales invalidan cualquier intervención clandestina o unilateral.

El marco legal de la cooperación bilateral

Sheinbaum explicó que, si bien existen acuerdos de cooperación desde hace décadas, estos operan bajo esquemas de acreditación oficial. Los funcionarios extranjeros que se encuentran en el país poseen permisos específicos para tareas legalmente definidas, sin facultades de mando o ejecución operativa. Según la mandataria, las publicaciones que sugieren lo contrario podrían responder a intereses externos que buscan socavar las relaciones diplomáticas y justificar agendas intervencionistas en los asuntos internos de México.

El caso Chihuahua y la soberanía nacional

A pesar de rechazar las versiones de CNN, la presidenta hizo una distinción respecto al incidente reportado en el estado de Chihuahua, donde se documentó la presencia de ciudadanos estadounidenses en un operativo estatal. Sobre este punto, Sheinbaum reconoció que dicho evento representa una posible violación a la legalidad y subrayó que es un tema que demanda atención inmediata para evitar que se normalice la presencia irregular de personal extranjero en funciones de seguridad local.

Defensa del Estado de derecho

La jefa del Ejecutivo concluyó que cualquier acción que involucre a personal de otro país debe adherirse estrictamente a las leyes mexicanas. Reiteró que su administración no permitirá que se vulnere la soberanía y que la lucha contra el crimen organizado es una responsabilidad que compete exclusivamente a las instituciones del Estado mexicano, manteniendo con las agencias extranjeras únicamente un intercambio de inteligencia bajo esquemas de confianza mutua y respeto institucional.

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