Guanajuato.- Según el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (TJA), en el año 2023 se emitieron un total de 49 sentencias definitivas. Esto marca un descenso en comparación con las 87 sentencias emitidas en el año anterior. Sin embargo, el incremento en el número de funcionarios inhabilitados por cometer faltas graves relacionadas con actos de corrupción.
De acuerdo con la información proporcionada por la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, se han registrado 24 casos de funcionarios públicos del estado que han sido sancionados e incluso inhabilitados por haber cometido estas faltas graves. Esto representa un aumento del 21% en comparación con los 19 casos registrados en 2022.
La sala especializada del TJA también reveló que durante el año pasado se recibieron un total de 120 expedientes remitidos por las contralorías. De estos 17 casos se tuvo que devolver el expediente a la autoridad sustanciadora para su revisión.
Los 24 funcionarios de Guanajuato habrían sido señalados por actos de corrupción
En cuanto a las sentencias definitivas, se determinó que 24 casos acreditaron la existencia de faltas graves. Mientras, en los 25 restantes no se encontraron pruebas suficientes. De los casos en los que se acreditó la existencia de faltas graves, 18 funcionarios fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos. Siete de ellos del ámbito estatal y 11 del ámbito municipal.
Asimismo, tres funcionarios fueron destituidos, uno a nivel estatal y dos en gobiernos municipales. Además, se impusieron sanciones económicas a dos funcionarios estatales. Esta tendencia demuestra que la Ley de Responsabilidades Administrativas ahora permite sancionar tanto a servidores públicos como a particulares que participen o colaboren en actos de corrupción, lo cual ha resultado en la sanción de dos personas físicas y tres personas morales.
La quinta sala del TJA, conocida como la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, fue creada en 2017 con el propósito de combatir la corrupción en la entidad. Esta sala es responsable de conocer impugnaciones relacionadas con sanciones administrativas a servidores públicos, así como de imponer sanciones por faltas graves tanto a servidores públicos como a particulares.