Este martes, los diputados de todos los grupos parlamentarios solicitaron una reunión de emergencia con el grupo encargado de vigilar el proceso electoral, luego del asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, en Guanajuato.

En dicha reunión, los legisladores buscarán la presencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como programar visitas con los gobernadores de las entidades que presentan los mayores índices de violencia electoral.

Las entidades que se prevén visitar de forma prioritaria son Chiapas, Morelos, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, y Zacatecas. Además, se propondrá impulsar una reforma legislativa para garantizar que los delitos contra candidatos, equipos de campaña y electores no prescriban.

El líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) a que también haga eco de esta situación y advirtió que de lo contrario, “muchos candidatos podrían llegar a cargos públicos con la ayuda del narcotráfico”.

“La democracia está en riesgo, el crimen organizado es el mayor enemigo de la democracia. Debemos analizar qué sucede cuando asesinan a varios candidatos y solo queda uno, porque en ese caso se tendría que suspender el proceso electoral”, concluyó.

Suman 15 precandidatos y candidatos asesinados

La violencia política en México ha cobrado la vida de 15 precandidatos y candidatos en lo que va del proceso electoral, así lo informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Según el reporte presentado este martes por la titular de la SSP, desde el inicio del proceso electoral el 1 de octubre se han registrado dos candidatos fallecidos oficialmente ante los organismos electorales de los estados. Además, se han contabilizado cinco precandidatos asesinados que ya tenían registro oficial ante sus partidos políticos, aunque no estaban inscritos en los organismos electorales.

Por otro lado, se reporta el homicidio de ocho personas aspirantes que aún no contaban con registro oficial ante sus partidos políticos o instituciones electorales. Pero que habían sido mencionados para algún cargo de elección popular o habían manifestado su interés en competir.

Ante este preocupante panorama, se han recibido un total de 108 solicitudes de protección a candidatos. De ellas, 86 han sido atendidas, 10 han sido declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo.

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