La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que Xóchitl Gálvez cometió calumnia en el tercer debate presidencial al llamar «narcopartido» a Morena, así como a Claudia Sheinbaum, quien no infundió a Gálvez al señalar irregularidades durante su gestión en la Miguel Hidalgo.
Los magistrados de la sala debatieron sobre si las expresiones vertidas en debates presidenciales pueden considerarse propaganda electoral y, por ende, sancionarse como calumnia.
Ante ello, la magistrada Janine Otálora Malassis, junto con Reyes Rodríguez Mondragón, argumentó en contra de castigar los dichos considerados calumnia en un debate presidencial, argumentando que se podría vulnerar la libertad de expresión en un contexto de debate electoral.
Por su parte, los magistrados Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera coincidieron en que la libertad de expresión no debe servir como excusa para cometer difamaciones sin pruebas suficientes.
Debate presidencial
Cabe mencionar que durante el tercer debate presidencial, Xóchitl Gálvez acusó a Morena de ser un “narcopartido”, basándose en señalamientos de la periodista Anabel Hernández sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La magistrada Janine Otálora Malassis señaló que para que se acredite calumnia en el marco de un proceso electoral, primero debe demostrarse la existencia de propaganda electoral. En este sentido, Otálora Malassis sostuvo que las acusaciones de «narcopartido» y «narcocandidata» lanzadas por la entonces candidata Xóchitl Gálvez contra Morena y Claudia Sheinbaum, no constituyeron propaganda electoral según su interpretación.
Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón coincidió en que la libertad de expresión debe ser protegida, pero sin que esto implique impunidad en los debates presidenciales. Según Rodríguez Mondragón, los debates no constituyen propaganda electoral al ser un ejercicio normado por las instituciones electorales.
No obstante, el magistrado Alfredo Fuentes Barrera y la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto Fregoso, defendieron la postura de que los debates forman parte de las campañas electorales y por lo tanto pueden ser considerados como propaganda electoral. Fuentes Barrera argumentó que cualquier tipo de expresión durante un debate podría ser considerada propaganda electoral, incluyendo la violencia política de género.
En este contexto, Felipe de la Mata Pizaña recordó un caso de 2018 en el que la Sala Superior determinó que hubo calumnia durante un debate presidencial protagonizado por el entonces candidato del PAN, Ricardo Anaya. De la Mata Pizaña enfatizó que los debates son utilizados como herramienta de propaganda y que es necesario mantener el principio constitucional de libertad de expresión, aunque este pueda ser restringido en ciertos casos.
