En una histórica resolución, un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Salud de Chihuahua garantizar servicios de aborto voluntario hasta las 12.6 semanas de gestación para todas las personas que lo requieran. Este fallo convierte a Chihuahua en la entidad número 14 en ofrecer acceso a la interrupción del embarazo en instituciones públicas.

Las sentencias emitidas por el Tribunal Colegiado destacan que las autoridades de Chihuahua están violando los derechos reproductivos de las mujeres cisgénero, personas transgénero y no binarias al negarse a brindar servicios de aborto voluntario en hospitales y clínicas. Esta negativa va en contra del artículo 4 de la Constitución, el cual protege el derecho humano a decidir, tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia 148/2017 de Coahuila.

Atención médica de aborto voluntario

Estas decisiones representan un importante precedente a nivel nacional, ya que son las primeras resoluciones que refuerzan la obligación de todas las autoridades de salud de ofrecer atención médica de aborto voluntario en todo el país, incluso en aquellas entidades donde el aborto no ha sido eliminado del Código Penal local.

Los tres amparos colectivos presentados en Chihuahua entraron en la fase de cumplimiento, y los jueces solicitaron a la Secretaría de Salud estatal que informe sobre cómo implementar la sentencia. A partir del 27 de mayo, las personas podrán acudir a los servicios de salud para solicitar el servicio de aborto, el cual no les puede ser negado. En caso de negativa, los servicios de salud podrían enfrentar sanciones que van desde multas hasta destituciones de sus dirigentes.

Estas sentencias son resultado de la estrategia de amparos colectivos impulsada por organizaciones como Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua, CHEROS, Morrxs Autonomxs y AbortistasMx durante el año 2021. Estas organizaciones han exhortado a la población a acudir a los servicios de salud acompañadas para asegurarse de recibir el acceso a la interrupción del embarazo.

Ninguna persona puede ser criminalizada por abortar en México

La Suprema Corte determinó en septiembre del 2023 que es inconstitucional la fracción del Código Penal Federal que criminaliza a las mujeres y personas gestantes que deciden abortar. Aunque esto no significó que la interrupción del embarazo es legal en todo México, sí fue un precedente importante porque ninguna mujer puede ser detenida por decidir sobre su cuerpo, ni siquiera en aquellos estados donde interrumpir el embarazo de forma voluntaria no se ha legalizado.

La resolución también estableció que el personal médico, parteras, comadronas que faciliten el proceso de aborto no podrán ser suspendidas o sancionadas porque discriminatorio hacerlo.

Asimismo, instó al Congreso de la Unión a legislar para derogar los artículos del Código Penal Federal que provocan la criminalización de las personas que abortan antes de que finalizara el periodo de sesiones en que la Corte envió la sentencia; sin embargo, esto no sucedido. 

Es ley en Chihuahua 💚✨ pic.twitter.com/PtBvFmqeDa

— AbortistasMx💚 (@AbortistasMx) May 27, 2024

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