A partir del 1 de enero aumentará el costo de los pasajes de avión en México debido a un incremento en el impuesto conocido como Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).
El Congreso mexicano autorizó un aumento del 2.5% en todos los aeropuertos del país, lo que significa que a partir del próximo año, la TUA para vuelos nacionales será de 29.70 dólares, equivalente a 598 pesos mexicanos, y para vuelos internacionales, el costo se incrementará a 56.39 dólares, que representan 1,135 pesos.
Estos ajustes implican un incremento de 87 centavos de dólar en vuelos nacionales y de 1.43 dólares en vuelos internacionales.
Además, el Congreso realizó modificaciones en el artículo 220-A para establecer el porcentaje de distribución de los recursos obtenidos por el derecho de uso de los aeropuertos federales.
De acuerdo con la nueva ley, el 60% de las ganancias se destinarán a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el 40% restante a la Secretaría de Marina (Semar), según corresponda a los aeropuertos bajo su responsabilidad.
Estos recursos se utilizarán para atender las necesidades operativas, de infraestructura e inversión que impulsarán el desarrollo de los sistemas aeroportuarios en México, indicaron los diputados al aprobar la Ley Federal de Derechos para el 2025.
Es fundamental destacar que el incremento en la TUA no es exclusivo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sino que se aplica en todas las terminales aeroportuarias del país.
La Tarifa de Uso Aeroportuario es un cargo que se cobra a los pasajeros por el uso de las instalaciones aeroportuarias y se destina al mantenimiento y operación de los aeropuertos.
Este impuesto se ajusta periódicamente considerando factores como la inflación y las mejoras en la infraestructura, y la Cámara de Diputados tiene la facultad de realizar cambios en los montos a través de la Ley Federal de Derechos.
La Ley establece que aquellos que se benefician de servicios específicos o explotan los recursos naturales deben financiar el costo de su uso, lo que contribuye a aliviar la carga financiera para la mayoría de la población.
Esta medida se suma a las reformas de ingresos públicos que, al ser diferentes de los impuestos, están directamente vinculadas al uso de bienes públicos.