La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, destacó la importancia de la atribución de la autoridad ministerial para solicitar información bancaria, calificándola como fundamental en la investigación de delitos como el lavado de dinero y la defraudación fiscal.

Secreto bancario no debe ser obstáculo en persecución de delitos

Durante el análisis en el Pleno de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, la ministra Esquivel Mossa se pronunció a favor de conservar dicha norma, argumentando que persigue un fin constitucionalmente válido: favorecer la investigación de posibles actos delictivos.

Esquivel Mossa señaló que la atribución prevista en el artículo analizado permite que el secreto bancario no constituya un obstáculo en la persecución de conductas delictivas, ya que permite obtener pruebas inmediatas sobre la probable comisión de un delito y, en su caso, proceder al aseguramiento de activos financieros o bloqueo de cuentas.

La ministra detalló que dicha norma permite al Ministerio Público recabar elementos probatorios para acreditar la existencia de delitos como la defraudación fiscal o el lavado de dinero, y atribuir la probable responsabilidad de su comisión a una persona determinada.

Finalmente, Esquivel Mossa precisó que con la facultad del Ministerio Público se logra la consecución de un fin legítimo, en un grado mayor a la afectación que se puede ocasionar en el derecho a la intimidad, máxime que el personal que labora en las fiscalías se encuentra obligado a preservar la confidencialidad de los datos recibidos.

Falta de votos para declarar inconstitucionalidad

Durante la sesión del Pleno, seis ministros votaron por expulsar el precepto del ordenamiento jurídico mexicano, por lo que no se alcanzaron los 8 votos necesarios para que procediera la declaratoria general de inconstitucionalidad.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa defendió enérgicamente la facultad del Ministerio Público para solicitar información bancaria, argumentando que es una herramienta fundamental en la lucha contra delitos graves como el lavado de dinero y la defraudación fiscal.

A pesar de los cuestionamientos sobre su constitucionalidad, la norma se mantiene vigente al no alcanzarse la mayoría calificada necesaria para declararla inconstitucional.

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