El banco mexicano CIBanco presentó una demanda civil en una corte federal de Estados Unidos contra el Departamento del Tesoro, tras haber sido sancionado en junio por presuntas actividades relacionadas con lavado de dinero en favor del narcotráfico. La institución financiera sostiene que esta medida pone en riesgo su viabilidad y podría llevarla a una “desaparición inminente”.

La demanda fue presentada en una corte de Washington, donde CIBanco solicita la suspensión inmediata —y posteriormente definitiva— de la sanción impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), órgano de inteligencia financiera del Tesoro estadounidense.

CIBanco: sin pruebas ni derecho a defensa

CIBanco argumenta que nunca recibió notificación formal ni tuvo oportunidad de conocer ni rebatir las pruebas que motivaron la sanción. Alega que la orden emitida por FinCEN es “vaga y general”, sin detallar nombres de personas, cuentas o transacciones específicas ligadas al supuesto lavado de dinero.

“La falta de claridad impide ejercer una defensa adecuada. Sin un proceso justo, la sanción amenaza con dejar varados más de 40 mil millones de dólares administrados por el banco”, señala el texto de la demanda.

El Departamento del Tesoro anunció el pasado 25 de junio sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas, entre ellas CIBanco, al acusarlas de facilitar operaciones de cárteles mexicanos vinculados al tráfico de opioides, considerados además como organizaciones terroristas.

Efectos inmediatos: cuentas congeladas y tarjetas inactivas

La medida ha tenido consecuencias directas en las operaciones del banco. CIBanco indica que Visa terminó su relación con la entidad el 30 de junio, lo que provocó que 150 mil tarjetas de prepago quedaran inactivas, y que otras 70 mil tarjetas de débito fueran bloqueadas para su uso en el extranjero.

Además, la institución señala que mantiene más de 38 millones de dólares en cuentas fiduciarias en bancos estadounidenses que actualmente están inaccesibles debido al cumplimiento de la sanción por parte de esas instituciones.

“Ni el banco ni los beneficiarios de los fideicomisos pueden acceder a estos fondos. En la práctica, el dinero está congelado”, afirman sus abogados.

Daños a terceros y solicitud de reparación

CIBanco también advierte sobre las implicaciones sociales y económicas de la medida. Argumenta que clientes, empleados e inversionistas podrían resultar gravemente afectados en caso de que el banco no logre revertir la sanción. Entre los posibles afectados están empleados estatales y maestros en EE. UU., cuyos fondos de retiro son gestionados por la institución a través de su división fiduciaria.

“Más de 3 mil empleados perderían su empleo si el banco debe cerrar o reducir sus operaciones internacionales”, expone el documento.

La institución solicitó al juez tres acciones principales:

1. Una suspensión provisional de la sanción para evitar que se haga efectiva en septiembre.
2. Que se revoquen todas las acciones y comunicaciones derivadas de dicha orden.
3. Una compensación por daños económicos y reputacionales sufridos hasta ahora.

Las sanciones impuestas en junio forman parte de una investigación más amplia contra entidades financieras mexicanas señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico. CIBanco ha rechazado categóricamente esas acusaciones y defiende que la medida ha sido arbitraria y sin fundamentos suficientes.

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