El SAT se prepara para nuevas medidas de fiscalización.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomará medidas drásticas contra las empresas factureras a partir de 2026, tras la aprobación de reformas al Código Fiscal de la Federación. Estas reformas permitirán a los funcionarios del SAT tomar fotos, grabar videos o audios durante visitas domiciliarias si se sospecha la emisión de facturas falsas. Según Gari Flores, administrador general de Recaudación del SAT, el objetivo es obtener pruebas directas sobre la autenticidad de las operaciones de las empresas.

Medidas y sanciones previstas.

Los funcionarios podrán iniciar grabaciones desde su llegada al lugar y deberán notificar a los presentes sobre el registro. Este material servirá como evidencia legal. Adicionalmente, si una empresa no corrige un CFDI falso en 30 días, su certificado de sello digital podría ser suspendido, impidiéndole facturar. Según Gil Zenteno, socio del despacho Basham Ringe y Correa, estas reformas amplían los supuestos de infracción fiscal.

Impacto sobre los contribuyentes.

Las nuevas disposiciones también permitirán al SAT realizar auditorías exprés para verificar la legitimidad de las operaciones. Luis Pérez de Acha, especialista en derecho fiscal, advierte que este enfoque parte de una presunción de falsedad. Además, el SAT tendrá acceso en línea a la información fiscal de plataformas digitales a partir de abril de 2026, lo que ha generado preocupaciones sobre la privacidad.

Reacciones y preocupaciones.

Las medidas han causado inquietud entre empresas, pues la suspensión del sello digital podría paralizarlas incluso por errores menores. Pedro Aguilar del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señala que el verdadero desafío para los contribuyentes será demostrar la materialidad de las operaciones. Organizaciones como Artículo 19 advierten sobre las implicaciones de privacidad que estas reformas puedan tener.

Finalmente, se espera que la implementación de estas medidas fortalezca la recaudación y reduzca la evasión fiscal, pero también plantea el riesgo de un control excesivo sobre los contribuyentes, según especialistas.

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