Una mujer extranjera fue multada con 150 mil pesos tras intentar correr a una familia mexicana de una playa pública en Nayarit, alegando falsamente tener concesión sobre el lugar. La comunidad no se quedó callada y las autoridades respondieron con firmeza.

Los casos de gentrificación, abuso y apropiación indebida de espacios públicos por parte de extranjeros en zonas turísticas de México aumentaron preocupantemente en los últimos años. Esta vez, la indignación se desató en San Pancho, una popular playa del municipio Bahía de Banderas, Nayarit, donde una mujer, presuntamente estadounidense, fue captada en video corriendo a una familia mexicana que simplemente disfrutaba del mar.

El video difundido en redes sociales mostró cómo la mujer, visiblemente molesta, agredió verbalmente a los presentes y los obligó a retirarse, argumentando que “nadie tiene derecho a cruzar por el área” donde, supuestamente, está construyendo una casa y tiene una concesión.

Un testigo presencial narró que todo comenzó cuando un integrante del grupo dejó su bebida en la arena:

“De repente un amigo dejó su bebida en la arena. En eso, aparece una americana con su esposo y patean la bebida de mi amigo. Le pedí respeto, pero ella gritaba que no teníamos derecho a estar ahí, porque ya pagó la concesión y que teníamos que irnos”, relató uno de los agredidos.

Según los afectados, la mujer no solo se mostró agresiva, sino que dejó en claro su intención de “no dejar que nadie se acerque” a la zona una vez terminada su casa.

Lejos de intimidarse, la comunidad respondió de una forma muy mexicana: con banda, baile y carnita asada justo frente a la propiedad en construcción, dejando claro que las playas no son propiedad privada, sino espacios nacionales.

El caso llegó rápidamente a oídos de las autoridades locales. El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, compartió un mensaje contundente en redes sociales:

“Nadie tiene derecho a cerrar nuestras playas. En Bahía de Banderas, el mar es del pueblo”.

El gobierno municipal actuó de inmediato, descubriendo que la mujer no contaba con ningún permiso válido ni regulación para su construcción, contradiciendo su versión de “tener la concesión”. Por ello, se le impuso una multa de 150 mil pesos mexicanos, además de que los trabajadores de la obra fueron sancionados y detenidos administrativamente.

“Las playas son bienes nacionales y su acceso es libre para todas y todos. No permitiremos ningún tipo de abuso ni apropiación indebida de nuestro litoral”, agregó Santana.

Este hecho reavivó el debate sobre los límites de las concesiones privadas, el acceso libre a las playas mexicanas y la necesidad de reforzar leyes contra la gentrificación desmedida en zonas costeras. La comunidad de San Pancho dejó claro que, aunque haya quienes quieran ponerle precio al mar, el pueblo sigue siendo dueño de su playa.

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