Hace más de una década, México eliminó el delito de adulterio, un cambio histórico en la legislación penal y familiar que continúa generando debate en torno a la vida privada y los derechos de las parejas. La reforma fue aprobada en marzo de 2011 por el Senado y publicada en el Diario Oficial de la Federación por el entonces presidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN). Con esto, la infidelidad dejó de ser castigada con prisión o la suspensión de derechos civiles.

Reforma y justificación.

Antes de esta derogación, el Código Penal Federal establecía penas de hasta dos años de cárcel si el adulterio se comprobaba ‘in fraganti’ en el domicilio conyugal o con escándalo público. Sin embargo, la reforma argumentó que tal conducta no generaba un daño jurídico suficiente para justificar una sanción penal. Además, su persecución era compleja de llevar a cabo en la práctica. Legisladores señalaron que la norma tenía un sesgo de género, afectando más a mujeres que a hombres.

Contexto social y cambios en la percepción.

Estudios recientes indican que los hombres son quienes más admiten ser infieles, con un 23% frente al 16% de mujeres en relaciones estables. No obstante, entre jóvenes de 18 a 29 años, la diferencia se ha reducido, reportando niveles de infidelidad similares entre hombres y mujeres. Las razones más comunes son la insatisfacción emocional o sexual, problemas de comunicación y baja autoestima. Encuestas en México revelan que el 30.9% de las personas reconoce haber sido infiel al menos una vez, y más del 50% considera que los hombres son más infieles.

Expertos coinciden en que la eliminación del adulterio como delito protege la vida privada y reduce estigmas de género. También traslada los conflictos derivados de la infidelidad al ámbito civil y familiar, donde pueden resolverse mediante divorcio, custodia o reparto de bienes.

Un paso hacia un derecho penal más moderno.

La derogación fue unánimemente apoyada en el Senado con 69 votos a favor, bajo el argumento de que el adulterio no genera un daño legal que justifique una sanción penal, y que su persecución era difícil de probar. Aunque el adulterio dejó de ser un delito, todavía tiene relevancia en la justicia civil y familiar, por ejemplo, como causa de divorcio o en disputas por custodia y pensión alimenticia en casos de separación. Esto refleja la tendencia de la ley moderna de enfocarse en proteger bienes jurídicos concretos, como la integridad, el patrimonio y los derechos de los menores, en lugar de castigar conductas morales sin consecuencias directas.

A 15 años de la reforma, México se alinea con la tendencia global de diferenciar entre delitos graves y cuestiones morales. Aunque la infidelidad sigue presente, ya no se castiga con prisión ni se considera un delito, dejando el debate en el terreno social y civil, consolidando un enfoque más equitativo y moderno del derecho penal.

Te puede interesar: Suiza congela activos de Nicolás Maduro en medio de tensión Internacional