Lo que debería haber sido un día de descanso bajo el sol se convirtió en una pesadilla para una familia mexicana. En plena Semana Santa, un viaje familiar a la playa de Chachalacas, en Úrsulo Galván, Veracruz, terminó entre agresiones, amenazas y reclamos por el acceso a una playa que, según la Constitución mexicana, es pública. El caso, ahora viral gracias a redes sociales, reabrió un tema polémico: ¿quién tiene derecho a las playas en México?

Cris Cervantes, una usuaria de Facebook, compartió el pasado 23 de abril su amarga experiencia en la playa Chachalacas. En un video publicado en su perfil, relató cómo ella y su familia fueron interceptados por presuntos palaperos que, según su testimonio, exigieron consumo obligatorio en sus locales para permitirles el acceso a la playa.

“Llegamos y no había nadie, pero de pronto un joven se acercó y nos dijo que la playa era propiedad del restaurante, y que si no consumíamos, debíamos retirar nuestro auto”, explicó Cervantes en la grabación.

La situación escaló cuando la familia, originaria del cercano municipio de Cardel, recordó que las playas en México son de carácter federal y, por tanto, de libre acceso. Sin embargo, los trabajadores de la zona insistieron en que habían “comprado” la propiedad, y amenazaron con llamar a la policía si no se retiraban.

Ante la negativa, y en un intento de documentar la situación, Cervantes comenzó a grabar con su celular, lo que desató la furia de uno de los sujetos, quien presuntamente la golpeó en el brazo para evitar que siguiera registrando el momento.

“Me iba a pegar en la cara, pero logré poner mi brazo. Después del golpe salió corriendo”, narró la joven.

Además de la agresión física, el sujeto habría hecho señas obscenas a la cámara y se burló de la situación, mientras el resto del grupo presente respaldaba las acciones del agresor.

La familia decidió retirarse del lugar tras el incidente, indignados y con sus vacaciones arruinadas por un conflicto que, según expresaron, nunca debió ocurrir en un espacio público.

La situación desató una ola de indignación en redes sociales. Frases como “Palaperos muertos de hambre”, “Las playas no son privadas” y “Un lugar menos a visitar” comenzaron a inundar los comentarios, generando presión sobre las autoridades locales y estatales.

Este caso puso en tela de juicio prácticas similares que ocurren en diversas playas del país, donde negocios o desarrollos turísticos limitan arbitrariamente el acceso, argumentando posesiones o derechos que muchas veces carecen de legalidad.

Cabe recordar que el pasado 10 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró en una conferencia que “las playas son públicas y debe haber acceso libre”, subrayando que ningún permiso de construcción o concesión puede negar el derecho al libre tránsito en las costas mexicanas.

“No puede ser que solo quien pueda pagar miles de pesos por un cuarto de hotel tenga derecho a disfrutar del mar”, afirmó la mandataria.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la policía municipal ni estatal sobre el incidente, ni se ha informado si se procederá con alguna sanción o investigación contra los responsables de la agresión.

La historia de Cris Cervantes no solo deja un mal sabor de boca para quienes aman vacacionar en las playas de Veracruz, sino que también lanza una advertencia: la apropiación indebida del espacio público sigue siendo un problema sin resolver.

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