Un estremecedor caso de violencia contra una menor indígena generó una oleada de indignación y condena en Colombia. Las redes sociales se han visto inundadas por reacciones de repudio tras la difusión de un video que mostró la brutal golpiza a una adolescente perteneciente a la comunidad indígena Gito Dokabu, ubicada en el departamento de Risaralda.

En las impactantes imágenes, que han circulado ampliamente por internet, se observó a la menor atada de manos y colgada del techo mientras dos hombres la azotaban violentamente con tallos herbáceos. Una mujer, que inicialmente cubrió las piernas de la joven con una sábana, parece intentar protegerla, pero luego permitió que continúe el castigo. La víctima lloraba y suplicaba entre gritos desgarradores, pero los agresores no se detuvieron. Incluso cuando la sábana cayó y sus piernas quedaron expuestas, la violencia proseguía sin piedad.

Posteriormente, un tercer hombre apareció en escena para desatarla. La joven cayó inconsciente al suelo, sin recibir ningún tipo de ayuda o asistencia. La misma mujer que la había cubierto previamente, la arrastró hacia otra habitación. La escena evidencia no solo la brutalidad del castigo, sino también la total falta de intervención para detener la agresión.

La respuesta no se hizo esperar. La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia y la Comisión de la Mujer de AICO por la Pachamama emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron el hecho como una “grave violación a los derechos humanos y a los principios espirituales, culturales y políticos de nuestros pueblos”.

Ambas organizaciones confirmaron que el hecho ocurrió dentro del resguardo indígena Gito Dokabu e hicieron un llamado urgente a las autoridades nacionales y regionales para que inicien una investigación inmediata. Exigieron que los responsables sean identificados y sancionados conforme a la ley, sin que se amparen en prácticas culturales para justificar el acto de violencia.

El caso reabrió el debate en Colombia sobre los límites entre la autonomía cultural de los pueblos indígenas y el respeto a los derechos fundamentales, especialmente los de niñas y mujeres. Las organizaciones defensoras de derechos indígenas reconocen la importancia de preservar las costumbres ancestrales, pero insisten en que ninguna práctica comunitaria puede estar por encima de la integridad física, emocional y espiritual de sus integrantes.

Por ello, solicitaron al gobierno nacional, a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades del propio resguardo establecer protocolos interculturales que garanticen tanto el respeto a la autonomía de las comunidades como la erradicación de cualquier forma de abuso o castigo violento, particularmente cuando involucra a menores de edad.

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