Por: Eduardo Serrano

La desaparición de la doctora Azucena, de inmediato movilizó al gremio médico y junto con ellos a los duranguenses, que en muestra de absoluta solidaridad, se volcaron en las redes sociales para apoyar a la familia de la galena en su búsqueda. Desde temprana hora, sonaba fuerte el rumor en relación a la posibilidad de que la profesional de la Salud se encontraba detenida en la Fiscalía General del Estado, sin embargo, la variedad de versiones que corrían por las redes acerca de su paradero, no esclarecían de ninguna manera, ni el lugar ni las condiciones en las que ella se encontraba. Fue hasta que su esposo, también haciendo uso de la inmediatez de las redes sociales, confirmó la detención de Azucena, y de nuevo, los cuestionamientos al respecto crecieron de forma exponencial. Las dudas lejos de disiparse, crecían junto con la indignación del gremio médico.

En su aparición ante los medios, la fiscal General del Estado Ruth Medina Alemán, manifestó que en efecto, la Dra. Azucena se encontraba detenida, no por negligencia médica, como también se había especulado, sino por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra del magistrado Héctor Emanuel Silva Delfín, quien se encontraba recibiendo atención médica en la clínica No. 1 del IMSS, despertando cierto grado de “sospechosismo” esta situación, es decir, que el Magistrado estuviese siendo atendido en el IMSS, donde presuntamente fue desconectado de un respirador en el área de atención a pacientes de COVID:19 por la doctora Azucena. De esta manera, el caso dio un nuevo salto y las reacciones se multiplicaron, puesto que ahora se hablaba de un presunto tráfico de influencias, dado que el “paciente” que acusaba, es hermano de la exdelegada del IMSS en Durango, Velia Patricia Silva Delfín.

Con justa razón, el gremio médico se manifestó al respecto, exigiendo la liberación de la doctora, así como las garantías para el desempeño de sus labores en la primera línea de batalla de la pandemia. Sergio González Romero, secretario de Salud, dio su respaldo a la doctora, pero también se mostró respetuoso de los términos legales del proceso. Esto contribuyó a calmar los ánimos de indignación de los médicos, lo cual reforzó Héctor Flores Ávalos, secretario General de Gobierno, al instalar una mesa de diálogo con el personal de salud, logrando despresurizar aún más la situación, misma que después de la primera audiencia efectuada alrededor de la 1:00 am, derivó en que la imputada siguiera su proceso en libertad. Sin embargo, el golpe a la dignidad de Azucena y del gremio médico ya estaba dado, por lo que las manifestaciones de los galenos continuaron durante el siguiente día, sumando a sus demandas, las destituciones de la fiscal General del Estado y del actual delegado del IMSS, Julio Gutiérrez Méndez.

Evidentemente, en el caso de la doctora Azucena no hay claridad. Lo cierto es que existe una denuncia, a la que debe darse seguimiento, puesto que ello es fundamental en la impartición de justicia, la cual no es selectiva, tal como lo apuntó el gobernador José Aispuro Torres, al ser cuestionado al respecto. Pero, lo que también es cierto, es que cuando todo esto se esclarezca, se generará un movimiento telúrico de grandes magnitudes en la opinión pública, pues alrededor de este caso, en pocas horas se pasó de la preocupación por su desaparición, a la confusión por su detención y a la indignación que eso trajo consigo, por lo que, de resultar culpable, los elementos probatorios deberán ser absolutamente transparentes, sin dejar espacio a la más mínima duda, pero, de comprobarse su inocencia, al menos en la delegación del IMSS, alguien deberá ponerse a recoger los escombros.

Twitter: @LaloSerranoZ