Por: Eduardo Serrano

Buen debate se ha generado en torno a los retenes antialcohol. El Ambiente Político ha tocado las fibras de uno de los temas que, ciertamente, ha apoyado mucho en la disminución de accidentes provocados por la ingesta de bebidas embriagantes, sin embargo la polémica se despierta a partir de los manejos turbios que presuntamente se hicieron en la pasada administración municipal, principalmente en lo que se refiere al recurso obtenido por las multas, de tal manera que ahora el pronunciamiento generalizado se ha dado a favor de que se mantengan los retenes antialcohol, pero antes de que se pongan en marcha, que primero se instale un “retén anticorrupción”, es decir, que se realicen las acciones necesarias que inhiban cualquier acto que desvirtúe el objetivo principal de dichos operativos desde el Gobierno municipal, el cual -por si alguien tiene dudas- es salvar vidas.

La regidora priista Daniela Soto afirmó que los operativos antialcohol, en efecto, se prestan a la corrupción, tal como lo señaló el panista Fernando Rocha, quien aseguró que se le solicitará a la Contraloría que se transparente todo lo relacionado con el “alcoholímetro”, con la finalidad de que se vean sus beneficios y no sus perjuicios. Ambos -la tricolor y el blanquiazul- coincidieron en que sólo es cosa de buscar un mecanismo con el que se eviten irregularidades, pues al verse como un acto meramente recaudatorio, y que lo recaudado no aparezca, despierta la desconfianza ciudadana. Para dar mayor certeza, los regidores vieron viable que la Dirección de Finanzas también se involucre -como debe ser-, y particularmente, Daniela Soto, sugirió mejores salarios para los elementos policiacos, para que no les “gane la tentación” de aceptar dinero durante la ejecución de los operativos, dicho de otra manera, que no quieran “agandallarse” para generar sus propias comisiones.

Quien fue crítico de los retenes, desde antes de formar parte de la administración municipal, fue nada menos que el mismísimo director de Seguridad Pública, Antonio Bracho, sobre todo en cuanto a su legalidad, a su necesidad y la efectividad para inhibir o prevenir accidentes, dado su “mote” recaudatorio amén de otros señalamientos. Bajo estos argumentos, Toño Bracho puso énfasis en la prioridad del Gobierno que encabeza Jorge Salum, en el sentido de garantizar el respeto a los derechos humanos y que ésta u otras acciones, no se conviertan en una forma ilícita de hacerse llegar recursos. De ahí surgió la iniciativa de reunirse con integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Juzgado Cívico Administrativo, además de otros “expertos”, para analizar en conjunto los operativos antialcohol y derivado de ello, hacer las modificaciones pertinentes.

El titular de la CEDH, Marco Antonio Güereca Díaz, manifestó que no avalaría de ninguna forma los retenes antialcohol que no cumplan con los estándares de seguridad para los ciudadanos, ya que para el Ombudsman estatal, es absurdo que en los operativos detengan a mujeres o personas de la tercera edad, que evidentemente no andan manejando ebrios. Pero también desde el Congreso del Estado, legisladores como Sandra Amaya y Toño Ochoa se han pronunciado a favor de la permanencia del alcoholímetro, revisando los esquemas en los que operan, e integrando a representantes de la CEDH. Lo bueno de todo este debate, es que se realiza con gran madurez, quitando el tinte “partidista”. Esperemos que se tome la mejor determinación, y que antes de instalar un retén antialcohol, le pongan un retén a la corrupción; con esa condición como eje rector, cualquier operativo será exitoso.