Por: Guillermo Fabela Quiñones

El futuro de la Cuarta Transformación (4T) fue sellado por un juez que concedió suspensión provisional en dos amparos promovidos por empresas privadas de energías renovables. La recién aprobada Ley de Energía Eléctrica, de inmediato se topó con la realidad. El entusiasmo que había despertado entre la ciudadanía interesada en un cambio verdadero, se vino abajo en menos de lo que cambia la luz del día a la noche. El presidente López Obrador podrá culpar al Poder Judicial de obstaculizar el rescate de la soberanía energética; él cumplió su parte, enviando al Congreso la iniciativa.

Existen otros caminos para evitar que la trampa legal de la compra de amparos frene los cambios prometidos, pero no los tomará porque sería contrario a su modo zigzagueante de ejercer el poder. Es muy claro que su compromiso con las élites del gran capital financiero y económico fue poner freno a la desbocada corrupción de la clase política, no cambiar las reglas del sistema sino sólo limpiarlo, darle un rostro “democrático” a fin de hacerlo un modelo más funcional al empresariado, sin poner en riesgo sus fundamentos neoliberales.

Lo ha cumplido al pie de la letra, pero a cambio ha debido pagar un alto precio político, pues su credibilidad se está perdiendo a grandes pasos, aunque él sigue confiado en que la masa de población que recibe los beneficios asistencialistas, sigue apoyándolo. Lo sabremos en las elecciones intermedias de este año, en las cuales Morena puede alcanzar algunos triunfos, que serán victorias pírricas, en cuanto que los candidatos ganadores le darán la espalda de inmediato al partido en el Gobierno. No se han creado las condiciones para un compromiso pleno entre partido y candidatos.

No puede ser de otra manera, si carecen de convicciones políticas y sus compromisos están con intereses particulares, no con los de un partido desdibujado desde la cúpula de su estructura. Un claro ejemplo es el de Guerrero, donde su abanderado es un personaje muy cuestionado por sus excesos machistas, pero que por otro lado asegura la victoria por la idiosincrasia de una de las poblaciones más pobres y atrasadas del país, no obstante el paraíso turístico que son sus playas.

Para desviar la atención ciudadana de los asuntos más controvertidos, como este del amparo concedido por el juez segundo especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, el inquilino de Palacio Nacional tiene recursos de sobra, lo ha demostrado en estos dos años y tres meses de su mandato. El que usó en esta ocasión es el de abrir las puertas del futurismo, tema muy atractivo mediáticamente, que será materia de “análisis” mientras pasa el disgusto de un amplio sector por el descalabro a la Ley que pretendía frenar la voracidad de inversionistas a la caza de oportunidades.

Es el momento oportuno también para que el anuncio de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, sobre los nuevos recortes en la dependencia por la política de austeridad, no alcance niveles de grandes proporciones dentro y fuera del magisterio. Esta decisión vendrá a obstaculizar aún más la necesidad de actualizar los programas educativos y adecuarlos al uso más intensivo de las nuevas tecnologías, pero es un compromiso “hacer más con menos recursos”, según se ha insistido desde Palacio Nacional. Lo dramático es que se actúa sin sopesar las consecuencias sociales de dichas medidas.

No importa, como parece, al fin y al cabo la opinión pública se distrae en informaciones más rutilantes y frívolas que efectivas, como las pesquisas que llevan a cabo la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, pues a final de cuentas el resultado es el mismo: los involucrados lo más que pierden en su buena imagen pública y unos cuantos millones, un sacrificio mínimo para que el régimen de la 4T tenga argumentos para validar su desempeño, mientras que las reglas del juego impuestas desde hace cuatro décadas sólo son remozadas. Ni Napoleón III hizo un trabajo tan eficaz.

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