Por: Guillermo Fabela Quiñones

(Con admiración y afecto al incansable periodista y gran mexicano Mario Menéndez, en un aniversario más del diario prototipo del periodismo auténtico y de profundo sentido ético y profesional)

La pandemia del Coronavirus influirá en muchos aspectos de la vida de los mexicanos, pero también en el rumbo político nacional, como se advierte por el encono en ascenso contra el régimen de la Cuarta Transformación (4T). Por más cautela y prudencia que el presidente López Obrador ha tenido en sus relaciones con el sector empresarial, la insatisfacción de sus miembros aumenta. Ahora se aprovecha la incertidumbre por el COVID-19, para afirmar que “no hay estado de derecho” en México.

Así lo dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, al criticar la encuesta que determinó el rechazo a la instalación en Mexicali de una planta de la empresa cervecera Constellation Brands. La cúpula empresarial (CCE, Coparmex) se sumó a esta postura que, coincidieron, “no abona a la confianza de los inversionistas”. El método de la consulta, señalaron, “atenta contra la capacidad de México para atraer inversiones e incrementa el riesgo económico que enfrentamos por la inestabilidad de los mercados financieros”.

La realidad patentiza que cuatro décadas de política económica neoliberal dejaron muy mal acostumbrados a los miembros más influyentes del sector privado. Para ellos, estado de derecho es contar con privilegios que son inaceptables en otros países, mucho menos en las economías más importantes del planeta. Quienes ahora se agrupan en las organizaciones empresariales de mayor peso político, en su gran mayoría surgieron al amparo del Ejecutivo en turno, con absoluta certeza a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

El Gobierno de México se volvió un ejemplo a seguir como ente público al servicio de los grandes intereses financieros globales, porque el “estado de derecho” se convirtió en un instrumento de poder que influyó decisivamente en el cambio de paradigma económico y social que facilitó el saqueo de los bienes del país. Por eso los organismos financieros, económicos y políticos globales nunca se dieron cuenta que en México no existía un verdadero estado de derecho, hasta ahora que se busca rescatarlo y ponerlo al servicio de la sociedad en su conjunto.

Esta compleja estrategia, se está complicando absurdamente por los zigzagueos de un Mandatario que al paso de los meses ha estado perdiendo su capital político, por el afán de no malquistarse con los grandes intereses económicos y financieros que abusaron de su complicidad con el Ejecutivo en el pasado; por otro lado, el freno a la economía este año se complicará aún más por la recesión global, sin haber logrado impulsar una política económica que alentara las esperanzas del pueblo.

Esto no parece entenderlo el Presidente, por eso la cúpula empresarial considera llegado el momento de pasar a la ofensiva con más firmeza. Según su punto de vista, la 4T no es más que un lema, pues para hacerla realidad se necesita el apoyo de las clases mayoritarias, y en los hechos han visto que lo está perdiendo, que la “luna de miel” del Presidente con la sociedad mayoritaria está llegando a su fin.

Ahora, con la oportunidad mediática del COVID-19, la derecha golpista cree que este es el momento idóneo de avanzar en el debilitamiento del régimen de la 4T. Su beligerancia está en aumento ante sus indecisiones, no solo en los medios sino en las exigencias incómodas que le hacen, como la condonación de impuestos a grandes empresas por el Coronavirus y el rescate de compañías en apuros, una especie de nuevo Fobaproa. En cambio, para los asalariados no hay más que austeridad.

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