Por: Guillermo Fabela Quiñones

Como era previsible, la elección del domingo para elegir nuevo presidente del PRI demostró el desinterés y total apatía de los militantes que aún se sienten priistas. La abulia fue el común denominador en todas las casillas que dispuso el INE para que el otrora partido hegemónico llevara a cabo sus comicios internos. El triunfador, como también era esperado, fue el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, con un abrumador 80 por ciento de los sufragios.

Así se confirmó públicamente que el partido tricolor, como tal, es un cadáver insepulto. Fue barrido de la historia, no por los 30 millones de votos que recibió el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, sino por la decadencia moral de sus corruptos dirigentes reales durante los últimos 36 años. Actuaron como las antiguas monarquías de antes de la Revolución Francesa, las cuales tenían como derecho “divino” la depredación de sus territorios sin que ningún poder terrenal se los impidiera.

Buen ejemplo de ello son los 80 millones de hectáreas que fueron concesionadas por los Gobiernos del «PRIAN», principalmente a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, para la explotación minera sin que los pueblos anexos a las minas recibieran ningún beneficio sino todo lo contrario, como lo denunció el dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, por lo que fue perseguido y obligado a salir al exilio. Ahora como senador, y con el apoyo de los trabajadores, tiene la fuerza suficiente para evitar que la depredación continúe.

La sociedad mayoritaria tiene ahora plena claridad de que la derecha, los conservadores de antaño y hogaño, sólo quieren el poder para medrar y acceder a más privilegios de los que ya disfruta. En las casi cuatro décadas pasadas se vivió un nefasto proceso de concentración de la riqueza que afectó dramáticamente a la nación. Baste mencionar que tan sólo cuatro monopolios se beneficiaron con las concesiones repartidas para la extracción de oro, plata, cobre y zinc: Goldcorp, empresa canadiense; Peñoles, de Alberto Bailleres; Grupo México, de Germán Larrea, y Frisco, de Carlos Slim.

En días pasados, el presidente López Obrador afirmó que no se van a entregar nuevas concesiones, pero que no se cancelarán las vigentes. Ahora toca al Poder Legislativo trabajar en iniciativas que castiguen a los concesionarios de minas que en vez de trabajar en esta actividad, al no querer hacerlo por no convenirles, se dedican a negocios inmobiliarios, desarrollos turísticos, o cualquier otro tipo de proyectos rentables, no al renglón productivo concesionado. El nuevo régimen no debe seguir siendo facilitador de la acumulación de capital para una élite voraz en medio de tanta pobreza ancestral.

El ciudadano común sabe que sus problemas tienen sus raíces en “Gobiernos” al servicio de grupos oligárquicos, razón por la cual el arranque del nuevo régimen ha sido tan difícil y lleno de zigzagueos, situación que a su vez ha permitido que no se corran riesgos mayores, como lo quisieran los provocadores de todos los signos y colores. Prueba por demás contundente de esto es la confluencia de posiciones contrarias al gobierno de la Cuarta Transformación, entre sectores de la cúpula empresarial y el “subcomandante Galeano” (antes Marcos).

Lo riesgoso en este momento es que el «PRIAN» quiera y pueda prevalecer por conducto del nuevo partido gobernante. Es vital evitarlo.