Por: Guillermo Fabela Quiñones

Esta semana será crucial para el futuro de la Cuarta Transformación, porque deberá aprobarse el Presupuesto de Egresos para el año 2020, el cual ha encontrado una oposición seria en diversos sectores, excepción hecha de los diputados de Morena quienes están obligados a defender la propuesta del presidente López Obrador, quien tiene como prioridad seguir haciendo ajustes al gasto público que necesariamente frenarían la meta de lograr un crecimiento que impulse la productividad en sectores básicos, sobre todo en el campo y en los municipios.

Este tema tiene una trascendencia que rebasa el ámbito económico, porque luego de un año de que el Ejecutivo federal ha venido reiterando el imperativo de mantener una política de austeridad, no se han logrado comprender los motivos de fondo para tomar un rumbo lleno de complicaciones. El principal argumento es que se debe racionalizar el gasto público y asegurar que no se vaya buena parte del mismo al caño de la corrupción. Ahora es preciso demostrar la necesidad de afianzar esta política el año próximo, para que en el 2021 se asegure que los recursos lleguen completos a su destino.

El problema  de fondo es que durante el año 2020, si la población mayoritaria no entiende cabalmente la motivación del Ejecutivo, podría sentir defraudada su esperanza de un cambio real en su poder adquisitivo, y en castigo cambiaría su voto. Obviamente, los apoyos a los adultos mayores, las becas a los estudiantes, los programas sociales a sectores marginados y de pobreza extrema, serán insuficientes para modificar la percepción de que la economía sigue estancada, como en realidad lo estará de no poner en marcha una estrategia económica que impulse la microeconomía.

Es de capital importancia mantener vivas en el sexenio políticas públicas sintetizadas en el apotegma “primero los pobres”. Pero ello implica que se materialicen en hechos concretos, y sobre todo en los bolsillos de los trabajadores del campo y las ciudades. Esto, sin duda, sólo se logrará mediante programas que sacudan la modorra de amplios sectores de población que fueron excluidos del desarrollo por la estrategia neoliberal, situación que ha sido paliada por el crecimiento de las remesas que envían connacionales desde territorio estadunidense, adonde fueron expulsados.

Es incuestionable el imperativo de garantizar que los recursos lleguen a sus beneficiarios, pero también lo es que sea mediante programas incluyentes que generen productividad, no con un manejo de tales recursos por conducto de la Secretaría de Bienestar y de los delegados del Gobierno federal en los estados. ¿Cómo se garantizaría que no se caería en los procedimientos surgidos desde hace muchas décadas, los cuales fueron magnificados en los treinta y seis años de neoliberalismo?

El único camino racional es el de poner en marcha programas productivos con recursos públicos que vayan directamente a las dependencias que son responsables de los mismos. ¿Quién podría evitar que Antorcha Campesina, por ejemplo, con su enorme capacidad de movilización de masas y estructura construida con dinero del erario, no creara condiciones para que los recursos que exige llegaran a sus arcas?

Es una idea excelente del primer Mandatario la de hacer llegar a sus beneficiarios recursos presupuestarios, pero primero hay que garantizar que los mecanismos necesarios para ello transiten sin los riesgos de la corrupción, que ahora encontraría otros caminos menos obvios. De ahí que lo más razonable sean programas concretos que redistribuyan los beneficios de la inclusión.

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