Por: Guillermo Fabela Quiñones

Cumplir los mandatos legales para castigar delitos es otro talón de Aquiles para fortalecer el Estado de derecho. Esto queda de manifiesto en los procesos que se siguen a quienes son acusados de diversos delitos que tienen como común denominador la corrupción. Los recovecos que encuentran quienes son presuntos delincuentes hasta que concluyen los juicios y ser declarados formalmente culpables, obstaculizan el penoso trabajo de luchar contra tal flagelo, sobre todo de “cuello blanco”; los mismos códigos penales son un laberinto por donde pueden escapar a la acción de la justicia.

Vemos con amargura, coraje e impotencia, que los acusados hasta se convierten en acusadores de ministerios públicos y jueces que quieren cumplir con su trabajo. Esta situación la hemos visto, y ahora se repite en el caso emblemático del actual sexenio, el de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra en prisión preventiva dictada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

En este proceso tan mediático se propicia que la opinión pública haga eco a la versión de los adversarios del actual régimen, de que se trata de un “acto de venganza” contra la exfuncionaria que disfrutó las mieles del poder en dos sexenios, luego de demostrar con hechos claros su falta de escrúpulos para cumplir órdenes sin apego a principios éticos y formalidades administrativas. Se busca voltear los hechos y de culpable la quieren convertir en víctima de un “Mandatario sediento de venganza”.

Más aún cuando, con absoluta ligereza, la Judicatura le entrega el juicio nada menos que a un sobrino de la senadora de Morena, Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, hombre de absoluta confianza del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Bejarano se hizo famoso gracias al video donde ingenuamente recibe fajos de billetes, mientras era grabado en un escenario que armó el empresario de origen argentino, Carlos Ahumada, donador del dinero, quien luego declaró haber prestado a la entonces presidenta del PRD, la señora Robles, más de 250 millones de pesos.

Es presumible que con la designación del juez Delgadillo Padierna la Fiscalía buscara asegurar que otro Juez se prestara a las tentaciones del dinero fácil que le entregarían sin chistar los defensores de Rosario Robles para abrirle las puertas de la libertad. Su abogado ya amenazó que presentará queja contra el juez susodicho por no respetar su “presunción de inocencia y debido proceso”. ¿Qué sentido tiene trabajar arduamente buscando elementos de prueba, si a final de cuentas se echan abajo mediante subterfugios leguleyos?, se pregunta la sociedad con sobra de razón.

El viernes fue detenido Ahumada en la capital de Argentina, para ser extraditado a nuestro país bajo el cargo de defraudación fiscal. Se encontraba en posesión de cien mil dólares que le fueron incautados. El interés del tema es que se presta para abundar en la presunción de supuesta venganza del régimen. Lo cierto es que si tal fuera el caso, la ciudadanía aprueba que se persiga a delincuentes que gozaron de impunidad mientras el PRIAN estaba en el poder. Que aparentemente sea venganza no cuenta para el pueblo: Lo que quiere ver es que se combata una realidad terrible que nos está llevando a la ruina total como sociedad.