Por: Guillermo Fabela Quiñones

La incertidumbre es una actitud que revela desconfianza en el entorno en que se desenvuelve la cotidianidad. Atender sus causas es un asunto prioritario del Estado, sobre todo en etapas como las que vive nuestro país, agravadas por la pandemia del nuevo Coronavirus. Es explicable tal modo de ver la realidad, porque nos tocó enfrentar fenómenos decisivos que marcan el rumbo a seguir por nuestra generación y las venideras. En una coyuntura histórica comparable a las que vivió la humanidad en el siglo pasado, como la primera y la segunda guerras mundiales, es cuando se conoce la profundidad de las raíces formativas del carácter de los pueblos.

En este momento, México vive no sólo una emergencia sanitaria inédita, sino una crisis del Estado por el enfrentamiento entre dos concepciones diametralmente opuestas: La del conservadurismo que se resiste a morir, y la del imperativo de abrir los cauces del progreso con visión democrática incluyente. Puede afirmarse sin equivocación que hay un empate técnico, inexplicable porque el Gobierno debería avanzar como lo hace un ejército que logró pasar a la ofensiva, como debería ser el caso en el actual proceso político mexicano.

Esto sucede por un hecho objetivo: El presidente López Obrador ha dado prioridad, desde el inicio de su mandato, al tema administrativo de la recomposición económica del país, que en un proceso cuyo éxito depende, fundamentalmente, de la visión política estratégica que permita doblegar, con firmeza, la fuerza de un conservadurismo, al que se le dio la oportunidad de conjuntar su poder económico con el político, con un perverso fin concreto: Derrocar al jefe del Ejecutivo.

Es importante la administración eficiente del aparato productivo del país, más aún después de cuatro décadas de saqueo inmisericorde e impune de los dineros públicos; por eso mismo es imprudente no crear las condiciones políticas idóneas que permitan controlar, no sólo lo que corresponde al uso honesto y racional de recursos públicos, de por sí afectados por la corrupción de tantos años de impunidad, sino por el imperativo de apuntalar la fuerza del Estado a fin de neutralizar tentaciones golpistas, más frecuentes en la medida que se minimiza su magnitud.

De ahí que el Decreto emitido ayer por el Ejecutivo, por trascendente que pudiera ser, no impacta positivamente en el rumbo del Estado. Al contrario, es previsible que la derecha se decida a dar un paso adelante, como lo demuestran los llamados a la sedición, cada vez más desembozados, siniestros y hasta grotescos, como la videoconferencia captada a Pedro Férriz con un grupo de “empresarios”.

El impacto del Decreto perdió efecto con la decisión del Banco de México de inyectar a la economía 750 mil millones de pesos, el equivalente a 3.3 por ciento del PIB, complementada con la reducción de 6 por ciento a la tasa de interés. Lo curioso es que ese monto es casi el mismo al de los depósitos en dólares que los principales magnates del país tienen en bancos de Estados Unidos, como lo informó la semana pasada el Banco Central en Washington.

Lo que resulta muy claro, es que mientras el Mandatario siga metido en su juego ajeno al tema prioritario, la defensa de su proyecto de nación, con acciones políticas estratégicas, como lo hicieron en su tiempo los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, los conservadores no cejarán en su empeño de hacer fracasar la Cuarta Transformación. ¿Hasta cuándo?

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