Por: Gilberto Jiménez Carrillo

Lo que creíamos que nunca iba a pasar en México, final y felizmente sucedió. El pasado 6 de agosto, la Suprema Corte de México avaló el aborto por violación y todavía fue más allá, pues las afectadas podrán solicitar les sea practicada esta medida  sin necesidad de denuncia. La disposición representa un auténtico cambio de paradigma en un país aquejado por la violencia de género. El haber dictaminado legal el aborto ante una violación es un alivio para las mujeres que sufren este tipo de violencia, pues nadie debe considerarse dueño de su cuerpo para decidir cuando ellas van a tener relaciones sexuales ni obligarlas a tener un hijo que no fue producto de su decisión. Lamentablemente en pleno siglo XXI existen organizaciones de la sociedad civil de corte conservador, así como segmentos de la población que criminalizan a la mujer que desea abortar, le muestran rechazo y odio y por si fuera poco las tachan de “feminazis”. Se trata de colocar la vida en el lugar que se tiene que poner o bien desde la perspectiva de seres humanos –en este caso las mujeres-pues no es justo que tengan la responsabilidad de criar, prácticamente solas, a esos hijos que no buscaron y además en la mayoría de los casos sin tener la capacidad ni física, ni emocional, ni económica para poderles dar un futuro. El respeto a la vida empieza por respetar a la mujer en todos los ámbitos, desde su vida sexual hasta reproductiva. Los ministros declararon infundadas las controversias constitucionales presentadas por Baja California y Aguascalientes contra de la Norma Oficial Mexicana que establece el derecho de las víctimas a interrumpir el embarazo en instituciones de salud pública, sin necesidad de una autorización del Ministerio Público. Lo que se está haciendo es facilitar el acceso a las víctimas, precisamente a que puedan interrumpir el embarazo cuando éste deriva de una violación. “En el caso de violación me parece que es casi incuestionable que este derecho debe ser accesible, cercano, rápido y pronto. Me parecería muy grave poner requisitos excesivos e interpretaciones rigoristas de cómo se debe modificar una Norma Oficial Mexicana, para no generar cierta incomodidad a las autoridades que la van a aplicar, perjudicando el derecho de las mujeres y las niñas”, señaló Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN. El ministro presidente, Arturo Zaldívar, alertó sobre regresiones contra los derechos de las mujeres en el país al comentar que el mensaje es muy claro, ya que con este pronunciamiento se protegen los derechos de las mujeres, pues se tienen estadísticas gravísimas del abuso hacia la mujer, del maltrato, de feminicidios, de violaciones y lamentablemente casos recientes de que las autoridades tratan de hacer valer cualquier recurso para negarles el acceso a la interrupción legal del embarazo a las mujeres y particularmente a las niñas. Ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó un decisión progresista, también es urgente endurecer y aplicar efectivamente las penas contra los violadores, pues uno de los factores que contribuyen al incremento del número de violaciones es la impunidad y no aplicar la justicia como se debe. La decisión progresista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tuvo nada que ver con partidos políticos, ni con Gobiernos o «Cuarta Transformación», fue producto de un reclamo ancestral que los encargados de hacer y modificar las Leyes ya le debían a las mujeres de México.