DURANGO CONFIDENCIAL… ¿De quién es el error?
Por: Édgar Burciaga
Con motivo de las elecciones, habrá documentación electoral sobrante “por si hubiera error”, lo que puede ser causante de conflictos entre los partidos, después que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana determinó asegurar que los representantes de casilla suplentes de los partidos políticos cuenten con una boleta electoral para que emitan su sufragio el próximo domingo.
Esto, cuando se utilizaba anteriormente la fórmula del promedio de las dos últimas elecciones para saber el número de boletas a imprimir, lo que representa ahora este acuerdo es que habrá más de 21 mil boletas electorales adicionales, con el fin de asegurar el derecho al voto de los representantes de los partidos, y que dado este volumen, puede representar un sesgo en los resultados de la jornada electoral a favor de determinado candidato.
A eso se suma que en lo que respecta a las actas de escrutinio y cómputo también se imprimieran dos por casilla, lo que representa la posibilidad de modificar los resultados obtenidos en la jornada electoral, máxime cuando la impresión que fue entregada no corresponde al original que aprobaron los partidos políticos, debido a que salió “con un pequeño error”.
Esto llama la atención porque pone en entredicho la imparcialidad y el apego a la legalidad de los consejeros electorales, máxime cuando la empresa Litho Formas, encargada de la impresión de las boletas, ya hizo entrega del material para las dos mil 500 casillas electorales que se instalarán el día de la jornada cívica y tendrían que abrirse los paquetes electorales para incluir el acta de escrutinio y cómputo de cada casilla, y más cuando también fueron cambiados e última hora los secretarios de las casillas en el Distrito 04.
Esto llama la atención porque también se tuvo que realizar la reimpresión total de las boletas electorales para el municipio de Otáez, debido a que Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Durango, por la que ordenó que no se registrara las candidaturas del Partido Revolucionario Institucional.
Habrá que esperar los recursos de inconformidad que presenten los partidos políticos de confirmarse que hubo dolo en la impresión y distribución del material electoral, sobre todo, porque el 11 de mayo de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del INE mediante la cual aprobó la destitución de tres consejeros electorales de Chiapas y solicitó la remoción de los cuatro restantes por incumplir con el principio de paridad de género en el registro de candidaturas durante el proceso electoral 2014-2015. Además, por la alteración del listado nominal de votantes en el extranjero, así como otras irregularidades que en su momento fueron calificadas por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) como manipulación y fraude electoral, lo que pudiera ser un antecedente para el caso Durango 2019.
Y pareciera que el Gobierno federal también repite este esquema de “pequeñas fallas”, porque en el anexo técnico de los contratos colectivos de trabajo de instituciones educativas descentralizadas, como el Colegio de Bachilleres o el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, no incluye el pago correspondiente a la gratificación anual o aguinaldo, lo que ya puso a directivos y dirigentes sindicales en un predicamento, lo que ha provocado que incluso, ya se hayan agendado reuniones en la ciudad de México para tratar de enmedar este “error” antes de que llegue el mes de diciembre y la situación laboral se vuelva “insostenible”.
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