Por: Edgar Burciaga

Todavía no inician las campañas y ya han comenzado las traiciones y convicciones por el puesto; hay quien quiere ser diputado, independientemente de su partido de origen. El alcalde del Mezquital, Osvaldo Santillán, cambió al PRI por el Partido Verde, mientras que en Lerdo se cambiaron a Movimiento Ciudadano  los exalcaldes Carlos Aguilera y Roberto Carmona, de quienes se espera abanderen las causas naranjas en la próxima elección.

Por su parte, el alcalde de Poanas, José Luis Valdez Valenciana; y su equipo de trabajo que pertenecían a Movimiento Ciudadano, presentaron su renuncia y se sumaron a las filas del PRI, por lo que MC pierde el único Ayuntamiento en todo el estado que ganó en la elección del 2019, aunque ya se señalan promesas y compromisos con miras al próximo año.

Anteriormente, a los funcionarios y representantes populares como los diputados, el pueblo les pagaba los servicios básicos como teléfono, gasolina, comida, viajes y distracciones por lo que prácticamente su sueldo era libre, más los “moches” que pedían para agregar obras a los presupuestos.

Por eso, hay quienes dicen que faltaron despensas, pero ahora ante la vigilancia que tendrá el INE en el proceso electoral, será muy difícil que se lleve a cabo el uso de los recursos públicos, aunque no faltará quien quiera aprovechar su puesto en el servicio público para llevar agua a su molino.

Están por definirse la totalidad de candidatos, ayer se llevó la presentación de los abanderados de la Alianza “Va por Durango”, integrada por el PAN, PRI y PRD, donde a pesar de las traiciones mutuas, faltó integrar a grupos importantes al interior de los partidos políticos, como el caso de los panistas tradicionales, los exgobernadores priistas o los grupos feministas y de la diversidad en el PRD, lo que puede traer consecuencias desastrosas en el resultado de la elección.

Pero aún no acaba la lucha contra la corrupción; se le señala al Director de Asuntos Jurídicos y Laborales de la SEED el delito de cohecho conforme a lo denunciado por una trabajadora del magisterio duranguense, quien lo acusó de haberle exigido la cantidad de cien mil pesos a cambio de agilizar el trámite de pago de los quinquenios que se le adeudan, cuando no se ha firmado el pago de esta prestación y se desconoce el destino de esos recursos.

Y así, esperemos que el dinero público no vaya a las campañas, porque entonces, dejará de usarse para atender al pueblo, sino para traicionarlo y no darle ni una despensa.

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