Por: Édgar Burciaga

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple lo que promete y sigue la lucha contra la corrupción en todos los niveles.

Un juez ordenó la prisión preventiva de Rosario Robles, la extitular de la Sedesol y de la Sedatu, quien fue ingresada en una cárcel de la Ciudad de México, mientras que la Fiscalía General de la República tendrá un plazo de dos meses para completar la investigación en su contra por el caso de la “Estafa Maestra”,  una red de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos por cinco mil 073 millones de pesos, a favor de empresas fantasma, y en la que se involucró a instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Juárez del Estado de Durango.

De ahí que en la Secretaría de Educación se haya decidido eliminar las cuotas en las instituciones de educación superior, por lo que una vez que se han anunciado los recursos para subsanar la economía de las escuelas, se realizará una revisión exhaustiva para evitar los casos de corrupción, como la propia “Estafa Maestra” y la asignación de plazas de maestros sin que hayan aprobado el examen correspondiente.

Y así como se revisa la educación, también se revisan los apoyos para el campo, porque en voz del propio Presidente no quiere intermediarios ni coyotes, ni líderes y organizaciones que más que ayudar, perjudican a campesinos, como el caso de Gustavo Pedro Cortés, que además de ser funcionario federal, usa a favor sus organizaciones a favor de sus intereses.

Pero quienes ya están esperando los apoyos para los campesinos son los acopiadores de frijol, que obtuvieron beneficios en años anteriores, quienes ya se dieron cita en la reunión con funcionarios estatales y federales del sector agropecuario, como Francisco Gutiérrez, que ahora buscan aprovecharse de las condiciones de sequía que imperan en el agro duranguense, buscan ser los que realizan negocios, principalmente, gracias a los productores de frijol.

Y también, donde se debe actuar contra la corrupción y la impunidad, es el proceso de entrega recepción, el alcalde electo deberá tener cuidado, ya que dentro de los equipos que realizan este proceso hay personajes identificados con otras administraciones y que se han caracterizado por tratar de sacar provecho de los despojos que dejan en las oficinas, para después chantajear a los funcionarios.

Sin duda, a través de la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se seguirá conociendo del flujo de recursos que realicen no sólo funcionarios federales, sino también estatales en su beneficio.

Esto ha provocado un hartazgo en la sociedad a causa de los abusos que malos gobernantes y funcionarios, ya es tiempo de acabar con la corrupción y la impunidad.

www.durangoconfidencial.com

[email protected]

@Edgar_comenta