Por: Gilberto Jiménez Carrillo

Si tuviera un mero propósito administrativo, la humanidad ya se hubiese inventado un esquema menos traumático y más eficiente para organizar las cuestiones de la vida pública. Pero la importancia simbólica de la representación y la lucha irracional por controlar el poder han vuelto a los políticos demasiado importantes. En todo Latinoamérica parece no haber algo tan imprescindible como el Presidente de una República. Sobre él, gira casi todo el acontecer nacional. La gran mayoría de la población considera que los logros, los retrocesos, las malas y las buenas, corren por cuenta del talento o miopías de un presidente. Desde el primer día de mandato, la oposición, o sea los que perdieron las elecciones y no pudieron acceder a la presidencia de la República, comienzan a criticar sin ton ni son y buscan deslegitimar gobiernos electos democráticamente.

En México, el balance que nos dejaron décadas de malos gobiernos fue dramático. Un país quebrado, terribles índices de violencia, descarada  impunidad, corrupción interminable, protestas violentas y por si fuera poco, recientemente meses y meses de pandemia. El licenciado López Obrador nada tiene que ver con este catastrófico balance, pero como diría Ortega y Gasset, es producto de sus circunstancias. Frente a una sociedad que deposita en los otros sus culpas y frustraciones, las circunstancias importan poco, porque lo más fácil es devaluar al Presidente y su investidura. La crítica emerge en el más humilde de los campesinos, pasa por el empresario siempre inconforme y puede llegar al más calculador de los políticos. Nada satisface más que la queja inmediatista.

Algunos legisladores, gobernadores de diez estados, contados alcaldes, empresarios, líderes sociales y formadores de opinión, alimentan esas circunstancias, e intentan hacernos creer que las culpas solo debe asumirlas quien porta la banda presidencial y ejerce el poder que el pueblo y la constitución le confieren. No importa cuán cómplices fuimos de un sistema paternalista y corrupto en el que los gobernadores se comportaban como verdaderos virreyes en sus estados y hacían y deshacían con total impunidad con la protección y disimulo del Presidente en turno. Un Presidente de la República está para tomar decisiones y aguantar el pesado reproche de los inconformes. Su gestión no se mide únicamente por buenos o malos indicadores, sino por cómo el pueblo mantiene la fe en el cargo que ostenta y el respeto a la política como instrumento de servicio.

A López Obrador, se le aplaude por su intento de derribar las pilastras que sostenían el país que ya no queremos. Pelearse o debatir en estos momentos con los gobernadores inconformes a sus políticas fiscales, debilita la investidura presidencial y no por ello se convierte en un estadista. Este país, siendo el mismo, a partir del 2 de julio del 2018, ya es otro. La decisión gubernamental ha sido distribuir en forma mucho más discrecional y efectiva los recursos para los estados y municipios, y eso es lo que no les gusta a los que insultan al Presidente y lo que este representa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador es más cuestionado que Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y hasta que Salinas. Lo importante es que años después, – como seguramente así será-, el país pueda recordarlo como un buen mandatario y una buena persona…y en esa categoría entran muy pocos.

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