Por: Alejandro Flores de la Parra

Mientras algunos gustamos de observar y señalar el comportamiento de la balanza de aciertos y desaciertos de Andrés Manuel López Obrador al frente del Gobierno federal, en nuestro país hay instituciones y figuras que juegan un papel preponderante como contrapeso ante un presidencialismo puro y autoritario como el que se vive hoy en día en nuestro país. No se trata de atacar o defender al Presidente, sino de respetar los ámbitos de competencia de las instituciones y exigir que realicen su función.

El juez federal, Juan Carlos Guzmán Rosas, Quinto de Distrito en materia administrativa, emitió un resolutivo para la suspensión por tiempo indefinido de los trabajos del aeropuerto de la base militar de Santa Lucía, con base en la solicitud que el colectivo #NoMásDerroches presentó ante él. Esto debido a que este colectivo señaló que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía debía esperar a que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva y lograr que se lleven a cabo acciones que conserven la parte del proyecto de Texcoco que ya se ha ejecutado, evitando el deterioro y que, en el supuesto de que el juicio se resuelva a favor de la obra del NAIM, causaría una doble pérdida, tanto de lo que ya se hizo en Texcoco y lo que se pretende empezar en Santa Lucía.

El Poder Judicial había otorgado otras suspensiones contra el proyecto en Santa Lucia, pero éstas podían desactivarse cuando el Gobierno federal presentara los permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, entre otros. Sin embargo, el grupo que promovió la suspensión argumenta que la medida de suspender el NAIM y empezar el AISL sin concluir el proceso, no se ajusta a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público. Además, el colectivo pugna porque se retome el proyecto que ya se había avanzado desde el sexenio anterior.

El Gobierno ya ha finiquitado cerca del 90 por ciento de los contratos relacionados con la construcción del aeropuerto en Texcoco, luego de dar por terminado dos más por un monto de 401.5 millones de pesos (mdp) este lunes.

La medida judicial podría tomarse como una zancadilla política y quizá el Presidente vaya a desestimarla en varias ocasiones durante sus intervenciones mañaneras. Más allá de lo político y la contra que el grupo que encabeza Claudio X. González ha tenido para con AMLO desde su campaña, es cierto que no debes empezar algo sin haber terminado lo anterior. De lo contrario, en este caso, se estaría echando a perder lo que ya se avanzó de la obra de Texcoco y, si en el juicio se determina su continuación, se perdería lo que ya se tiene, sumado a lo que ya se pagó en la cancelación de los contratos. Además, empezar la obra del AISL de manera prematura (antes de la resolución del NAIM) podría derivar en un derroche de recursos en una obra que no tendría caso llevar a cabo. Aquí, aunque los defensores férreos de la «4T» pretendan minimizar el hecho, estamos frente al acto más responsable que se puede llevar a cabo en una situación como esta. Porque el derroche de recursos públicos por tomar decisiones equivocadas, ¡también es corrupción!

Twitter: @AlejandroFdelaP