Por: Alejandro Flores de la Parra

El Gobierno federal, que encabeza López Obrador, tiene en sus manos la posibilidad de legitimar su principal objetivo: Luchar contra la corrupción.

Cuatro casos en que la Fiscalía General de la República está trabajando, podrían sentar un gran precedente en el Gobierno de la «Cuarta Transformación».

Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de AHMSA, se encuentra preso en España por actos de corrupción (cohecho), defraudación fiscal y lavado de dinero. Sin embargo señaló que la planta de Agrohidrogenados que vendió a Pemex en 2013, fue vendida en 260 millones de pesos y, que si a las autoridades se les hizo que es mucho (pues argumentan, es una planta chatarra), se las recompra de inmediato y hasta lo que se le haya invertido (comprobable por peritos) por mantenimiento para su operación.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, se encuentra prófugo de la justicia, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa, y actos de corrupción (cohecho o soborno). Incluso, su madre, la señora Gilda Margarita Austin, fue detenida en Alemania, a solicitud de un juez de distrito, por haber recibido varios millones de pesos de las cuentas de Emilio. Este caso se liga a los muchos que enfrenta la empresa Odebrecht en América Latina por, presuntamente, haber financiado campañas y/o sobornado funcionarios, a cambio de jugosos contratos.

Juan Ramón Collado es un famoso abogado que ha representado a Enrique Peña Nieto, a Carlos Romero Deschamps, entre otros personajes. Se encuentra preso por acciones de corrupción (sí, las mismas) y lavado de dinero. Además, se ha escuchado que la Fiscalía General de la República está trabajando para ir contra Carlos Romero Deschamps, líder (millonario) del sindicato de Pemex.

Por último, pero no menos importante, Rosario Robles ya fue citada a declarar bajo el supuesto de uso indebido de la función pública y su participación en la llamada «Estafa Maestra», una investigación que realizó la ONG Mexicanos contra la corrupción y Animal Político, un portal digital de periodismo independiente. En este estudio se señala un desvío de recursos que se hizo entregando siete mil 670 millones de pesos en contratos ilegales. Participaron 11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios, según los resultados obtenidos. Por este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP le ha congelado las cuentas a Robles y a Emilio Zebadúa, oficial mayor en Sedesol y Sedatu durante las gestiones de Robles y a quien se señala como su principal cómplice. Sin embargo, ya han empezado a sonar otros nombres como el de Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación y quien podría haber participado en la planeación del mecanismo de desvíos de recursos.

Esto, sin duda, es un gran paso del Gobierno federal hacia el combate a la corrupción. Sin embargo, debemos esperar a que estas investigaciones solidifiquen el combate mediante sentencias condenatorias ejemplares, ya que nada de esto tendría ningún sentido ni sería digno de llamarlo «triunfo», hasta que se vea aplicado un castigo y, por supuesto, se recupere parte del dinero de algún modo. Por lo pronto, ya se empieza a ver que, lo de acabar con la corrupción va en serio y que las instrucciones del presidente de ir contra quienes han robado tanto a México, están dando sus primeros frutos, apenas a unos meses de iniciado su Gobierno.

Twitter: @AlejandroFdelaP