Por: Alejandro Flores de la Parra

El pasado jueves, el presidente municipal, Jorge Salum, convocó a una sesión extraordinaria de Cabildo, para proponer un punto de acuerdo donde buscaba rescindir un contrato firmado por la administración anterior, donde por medio de la adquisición y mantenimiento de luminarias para la ciudad, se pretendía un ahorro de energía eléctrica y que, en teoría, derivaría en un ahorro de recursos públicos por concepto del consumo de la misma, que permitiría, según lo expuso José Ramón Enríquez Herrera en su momento, que las luminarias “se paguen solas”.

Sin embargo, gracias a una revisión exhaustiva que se hizo por la presente administración, se detectó que a la conclusión de dicho contrato, el Ayuntamiento se vería obligado a realizar pagos por más de 1240 millones de pesos, lo que haciendo una comparativa con cualquier servicio similar, cotizado a un costo alto, estaría cercano a los 440 millones de pesos, por lo que se pudo determinar que, la firma de dicho contrato, comprometía los recursos de los contribuyentes por unos 800 millones de pesos, de más.

Aunque el uso de luminarias LED, ciertamente ha permitido un ahorro, representa un 1.39 millones mensuales, prácticamente un séptimo de los siete millones 728 mil pesos que se entregan al proveedor mensualmente; lo que en un año significan 76 millones pagados solo en sobreprecio. Vaya, tirados a la basura –entiéndase los bolsillos de la compañía prestadora del servicio-.

Por si el ventajoso contrato, que garantizaba millones de pesos en ganancias a una compañía por parte de la administración del hoy glorioso Senador, convertido a la izquierda socialista del “proyecto cuatroteísta”, fuera poco, en él se destinaba la instalación de 35 mil 883 luminarias LED en el territorio municipal, de las que solo se pudieron contabilizar 35 mil 489 por la administración actual, quedando un faltante de 394 luminarias, lo que equivale a 13 millones 600 mil pesos que no fueron cubiertos por la compañía.

Con esta referencia y con base en la normativa vigente aplicable, que establece que los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) pueden terminarse por razones de interés general (y qué mayor interés que cuidar los recursos de los contribuyentes) y, aunado a que la administración “Enriquista” no concluyó un requisito indispensable que le daría legalidad y vigencia, que es inscribir las obligaciones de dicho contrato ante el «Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y los Municipios», de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y quien rechazó en ese tiempo la solicitud; el Cabildo capitalino aprobó por unanimidad la recisión del contrato, con 14 votos a favor; donde, por cierto, los regidores del PRI y la regidora de Morena ni siquiera se dignaron a estar presentes.

Ahora, el Ayuntamiento finiquitará servicios prestados e inversiones irrecuperables comprobables, siempre que sean razonables y se relacionen directamente con el proyecto. Así que, dejando la política de lado, sumando los 14 millones denunciados, los 800 millones de sobreprecio y los 13.6 millones de luminarias no instaladas, la administración de Enríquez Herrera nos ha salido muy cara. Esto, sin tomar en cuenta los resultados de la auditoría forense que estarían próximos a salir a la luz, lo que dejará desplumada a un águila a la que ya veo con las alas fracturadas y en caída libre.

Twitter: @AlejandroFdelaP