Por: Juan Alberto Esquivel y Cebrián

La chirinola del regreso a clases es una excelente muestra de la capacidad para gobernar de la que, en su megalomanía, cree tener el señor López.

Vaya una breve crónica de los hechos:

A finales del mes de julio, el ejecutivo federal ordena tajante: «llueve, truene o relampagué, el 30 de agosto se inician las clases presenciales».

De inmediato, sus incondicionales, sus publicistas, sus intérpretes y algunos especialistas de buena fe apuntalan su orden argumentando razones como la salud mental de los niños, la tranquilidad de los padres, la necesidad de reactivar la economía y otras más. Razones del todo válidas.

Ante el imperativo del ejecutivo federal, naturalmente se desató una rejolina monumental en todo el país y surgieron voces en contra.

Entonces se reculó y se dijo que el regreso sería voluntario, pero de esferas oficiales surgió una carta compromiso en la que claramente se deslinda al gobierno federal de las consecuencias nocivas que pudieran suceder por el acatamiento a la orden presidencial.

La rejolina se incrementó y el señor López tuvo que desautorizar públicamente tal carta, supuestamente obra de la señora que tiene chambeando como secretaria de Educación (como si alguno de sus subordinados se atreviera a tomar iniciativas sin recibir su permiso para hacerlo).

Finalmente, los gobernadores de los estados, ante tal confusión, asumieron su responsabilidad y tomaron decisiones al respecto; de acuerdo con el compromiso que consideran tienen, unos con sus gobernados y otros con el señor López. Por ejemplo, en Durango, se acordó que la decisión la tomarán padres, directivos, maestros y alumnos de cada escuela.

Y así estamos hasta el momento de la redacción de estas notas.

¿Qué refleja esta nunca antes conocida confusión?

Cualquiera que esté o haya estado en un trabajo como subordinado, sabe que un ejecutivo medianamente eficaz, antes de dar una orden de importancia capital -y el regreso a clases lo es- se asegura de que existan las condiciones mínimas para su cumplimiento efectivo y previene las posibles consecuencias por su ejecución y si no tiene la información suficiente, la investiga y antes de emitir la orden, toma las medidas adecuadas para que aquello que pudiera ser obstáculo, se corrija e indica a sus subalternos lo que haya que hacer y atiende que lo hagan.

En cambio, un jefecillo chambón ordena y acaba dejando que sus subordinados hagan lo que puedan, como puedan o como quieran.

Me pregunto: antes de dar la orden, ¿se investigaron con oportunidad las condiciones físicas y funcionales de las escuelas, de acuerdo con los requerimientos tan particulares a las que nos impone la pandemia? Es claro que no. ¿Se elaboró, integró y aplicó un presupuesto para la corrección de las deficiencias y la puesta en marcha de las escuelas? ¡Menos! ¿Se previeron y establecieron las medidas pertinentes para atender de manera rápida y adecuada algún brote infeccioso en alguna escuela, cuando los hospitales, en el plano nacional, están casi saturados? ¡Ni pensarlo! ¿Se especificaron, de manera comprensible, las indicaciones para prevenir contagios? Medianamente.

En suma, el jefe sólo ordenó, porque puede hacerlo.

Pero, bueno, ¿Qué podemos esperar de quien tiene a México en el nada honroso quinto lugar, a nivel mundial, por el porcentaje de muertes por la COVID-19? ¿qué tiene tres años actuando más como candidato, sin asumir del todo las responsabilidades que corresponden a la chamba de presidente de la República por la que porfió durante casi 20 años? ¿o que califica, para ser su colaborador, más la lealtad que la capacidad?

¿O tú qué opinas, paciente lector?