Por: Fhernanda Simental L.

“Cuando un funcionario ha perpetrado hechos graves de violación del Principio Ético, pierde ante la Ley Moral toda posibilidad de retorno; ha dado muerte a la confianza y perdido la autoridad moral, que es la razón de ser de la función pública”

Los mexicanos amanecemos todos los días con noticias diferentes sobre corrupción en todos los círculos del poder, golpeando la credibilidad de la clase política nacional y hundiendo la confianza de que el tóxico círculo de promesa-elección-decepción se rompa en algún momento (o por algún milagro), y por fin algún político cumpla lo que promete, erradicando verdaderamente la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el facilismo, el compadrazgo, el nepotismo, el clientelismo político, el pago de favores, para que ahora sí se pueda reducir la marginalidad en que tienen al ciudadano común.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), 15 mil 732 personas por cada cien mil habitantes que tuvieron algún contacto con algún servidor público experimentaron algún acto de corrupción, cuando en 2017 la cifra fue de 14 mil 635, mientras que los actos de corrupción por cada cien mil habitantes pasaron de 25 mil 541 en el año 2017 a 30 mil 456 en el año 2019; es decir 19.2 por ciento más, lo que evidentemente echa abajo la promesa que llevó a Andrés Manuel López Obrador a ocupar la silla presidencial, pues ni sus llamados a “portarse bien” funcionan, ni para ciudadanos ni para sus propios funcionarios.

La controvertida Rocío Nahle nuevamente ha dejado mal parado a su jefe, pues ha salido a la luz pública que Grupo Huerta Madre, propiedad del empresario veracruzano Arturo Quintanilla Hayek, compadre de la Secretaria de Energía, en consorcio con la compañía holandesa Van Oord, obtuvieron un contrato por 4.968 millones de pesos para la construcción de la nueva refinería Dos Bocas. De acuerdo a información del periódico Reforma, esta empresa apenas se creó en mayo del 2019, unos días antes de que le fuera adjudicado un contrato para la conformación de las plataformas.

Lamentablemente no paramos ahí y menos en Durango, entidad que de acuerdo con el informe de la plataforma Data de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), tiene, junto con Quintana Roo, el 53 por ciento de incidencias de corrupción, dato que respalda el Inegi con sus números, pues Durango, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Morelos y Guanajuato son las entidades donde se incrementaron los casos de corrupción, estados que por cierto gobiernan panistas, priistas y representantes emanados de Morena.

Aunque quisiéramos que esto no fuera cierto, la realidad nos supera y la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el facilismo, el compadrazgo, el nepotismo y el clientelismo político son ya tan comunes que incluso hace que quienes incurren en ellos lo vean como algo normal que nada tiene de malo y que la ciudadanía exagera al ofenderse, como es el caso del “Sedeco-Gate”, donde se ve que poco o nada tuvo que ver la imparcialidad a la hora de otorgar los créditos a empresas locales.

La revelación de la lista de los apoyados por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno estatal (Sedeco), no solo evidenció lo que en Durango ya todos sabemos: Siempre se benefician “a los de siempre”, a sus familiares y anexos, sino que además mostró el cínico rostro de quienes, a pesar de ostentar un cargo público, sin reparo solicitan créditos y apoyos, dejando fuera al ciudadano de a pie.

Por lo pronto, y ante la presión pública, Ramón Dávila Flores, secretario de Economía, así como María José Santiesteban, directora de Fomento Económico Municipal, presentaron a sus respectivos jefes la solicitud para separarse del cargo, el primero por otorgar discrecionalmente los créditos, la segunda por solicitarlo; sin embargo, la solicitud debió ser exigida por sus jefes, a los que les faltó mayor contundencia y perdieron la oportunidad de dar un manotazo a la mesa para poner orden en sus caóticas administraciones.

Twitter: @Fher_Turkita