Por: Fátima Salazar

Polémica semana tras el anuncio de la entrada en vigor del Artículo Quinto Transitorio establecido en la Reforma Constitucional de creación de la Guardia Nacional, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, publicada en el DOF el 26 de marzo de 2019.

Hecho que provocó todo tipo de pronunciamientos de grupos políticos, sobre todo de Acción Nacional con su dirigente Marko Cortés. La petición en sí no va en contra del artículo votado por unanimidad el año pasado, sino de lo que implica para la soberanía de los estados y municipios, así como la atención debida en el tema de Derechos Humanos.

Sin embargo, en la misma publicación del Diario Oficial de la Federación en el séptimo transitorio señala que cada gobernador debe presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública en, no más de seis meses, es decir para septiembre del año pasado, un diagnóstico y programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.

Cumplido este término legal, los presupuestos de egreso de la Federación y el propio de cada entidad, debe contemplar la corresponsabilidad del ejercicio fiscal de este año, a fin de lograr la meta y fortalecer cada cuerpo de seguridad municipal y estatal.

Hay municipios que, de acuerdo con el Informe de Gobierno Municipal del ejercicio 2019, justifican esta partida con una cuatrimoto y si acaso, diez pares de botas. Se debe respetar de acuerdo con este Artículo, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa.

Es decir, no sólo aplica el quinto transitorio sino también mayor recurso que se vea de forma tangible en equipo y que se note en formación como mayor capacitación en el ámbito local, cosa que no ha sucedido.

El mensaje que se manda al implementar de forma acelerada el quinto transitorio y no así el séptimo, da a entender que la situación en materia de seguridad pública, tras la pandemia, será crítica.

Ante una notoria baja de actividad económica que afectó en todos los niveles, la necesidad económica será mayor y, en quienes opten como una salida fácil, la delincuencia y actos ilegales serán a la orden del día.

Además, la Guardia Nacional aún se encuentra en proceso de consolidación, y al tiempo que han hecho el despliegue que se requiere para cubrir todo el territorio nacional, es obvio que les faltaron manos, pero, sobre todo, capacidad y disciplina que sí tienen las Fuerzas Armadas, de ahí que piden brinden su apoyo para lograr hacer frente a la delincuencia.

Este debate público no implica el desconocimiento de la Ley o el desacato, tampoco el hecho que sí se requiere mayor seguridad en todo México, el sentido es más bien hacia el respeto a la decisión de cada gobernante, decisión que sí les fue respetada en el caso de la vuelta a la nueva normalidad de la Pandemia COVID-19. La coherencia debe ser en cada acto.

Twitter: @LCCFatySalazar