Por: Erick R. Solís Tavizón

Lo peor que le puede pasar a un sistema de procuración y administración de justicia es que funcione solamente conforme a los preceptos de lo que los medios de comunicación y las opiniones de la sociedad civil consideren relevantes. Si eso llega a suceder, se produce el fenómeno al que muchos expertos llaman la “mediatización de la justicia”, misma en la que resulta más importante lo que aparezca en un noticiero, en redes sociales o lo que se publique en las ocho columnas de un periódico, que lo que se difunda en el Diario Oficial de la Federación.

En México, hemos vivido desde hace tiempo un fenómeno de extrema e irracional mediatización de la justicia, en el que parece que las autoridades piensan que los juicios se ganan ante el tribunal de la opinión “publicada” y no en los juzgados y tribunales de verdad.

Abundan los casos en que se han hecho montajes mediáticos, se han presentado a personas inocentes detenidas ante los medios de comunicación, se han filtrado informaciones muy delicadas de investigaciones en curso (poniendo en riesgo la vida o la integridad física de víctimas y testigos) y se han emitido boletines de prensa sobre casos judiciales completamente falsos, sin que luego la autoridad emita rectificación alguna o pida disculpas por sus clamorosos errores.

El último episodio de esta larga historia de lamentables hechos tiene que ver, como ya lo imagina el lector, el caso de la doctora Azucena aquí en Durango. No me voy a referir a la ética periodística de quien difunde y ha dado seguimiento al proceso desde el día que muchos dicen se le privo de su libertad, tampoco a la lucha y manifestaciones del gremio médico y de la sociedad civil, ni mucho menos al trabajo de investigación que expuso la Fiscal en días pasados en donde sostiene y afirma que la doctora es la responsable de cometer el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra del Magistrado; más que eso, lo anterior nos lleva a pensar que hay una muy deteriorada relación entre la sociedad y el estado, la gente no cree en sus gobernantes ni en sus leyes, tiene más peso el “vox populli” y los medios de comunicación que la opinión de cualquier funcionario; todo lo anterior nos lleva a pensar en los campos de disputa en las relaciones Estado-sociedad y de qué forma estos han deteriorado aún más esa frágil relación, estos y por mencionar algunos son: 1) La impunidad política y un muy ineficiente sistema de impartición de justicia; 2) a crisis de gobernabilidad proveniente de la incapacidad del Estado para brindar seguridad a toda la población; 3) la corrupción del sistema judicial que hace inoperante la procuración, administración e impartición de justicia, 4) la inoperancia de la Ley de Víctimas, que abandona a familiares y población afectada sin la debida restitución de daños; 5) el creciente debilitamiento de los organismos públicos autónomos, particularmente de las comisiones estatales y nacional de Derechos Humanos, que son colonizados por el reparto de cuotas de poder entre los poderes políticos y partidistas; 6) la ineficacia de las políticas de seguridad pública, por estar centradas en la represión, sin esfuerzos proporcionales en la investigación y formación policial, en políticas de prevención, ni en la comprensión y actuación frente a la raíces estructurales de la violencia.

Lo peor de todo es que los afanes de la autoridad suelen tener escasos resultados ante los tribunales. Muchos de los casos más sonados desde el punto de vista mediático han terminado en sentencias absolutorias, debido a la ineptitud de las autoridades para presentar pruebas que se sostengan jurídicamente ante los tribunales.

La sociedad debe ser un poco más escéptica frente a todo tipo de filtraciones y litigios mediáticos, en este caso en particular resulta difícil por las coyunturas actuales, la pandemia y la figura del médico ante tal crisis, pero los juicios no son los que se ventilan ante los medios de comunicación y en redes sociales, sino los que llevan a cabo las partes, jueces y tribunales. Solamente una sentencia puede determinar que una persona es culpable o no de haber cometido un delito.

Twitter: @ErickSolisT