Por: Erick R. Solís Tavizón

Cuando salen a la luz publica eventualidades como la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se pudiera pensar que es algo fabricado con tintes electorales, o bien,  una “caja china” con la intención no solo de favorecer al partido en el poder, sino para desviar la atención de la gente con respecto a ciertos temas; se pudiera pensar también, que es algo nuevo y que la procuración de justicia como estrategia política es algo novedoso, y que la idea se diseñó desde las entrañas de Palacio Nacional, de nuestro actual “Tlatoani”, de su equipo de asesores y gente cercana.

Sin embargo, este tipo de ejercicios no es algo nuevo, de hecho, una de las continuidades mas resistentes al cambio de nuestro sistema político a través del tiempo ha sido el uso de la procuración de justicia para beneficiar o proteger a aliados y amigos, así como para amedrentar o castigar a enemigos, rivales o críticos incomodos.

En épocas recientes, y muy en particular a partir de la transición a un sistema electoral plural, fuerte y más competitivo, esa práctica tradicional ha adquirido tintes algo novedosos. Destacan, al respecto tres: el uso cada vez mas frecuente de la procuración de justicia por parte de los gobernantes en turno en contra de sus rivales en la arena política; el empleo creciente abierto y visible de ese recurso, y el aumento progresivo del costo vinculado a su uso en términos de la amplitud y fuerza de los cuestionamientos resultantes.

Se entendería entonces, que, durante la época hegemónica del partido fundado por Plutarco Elías Calles, el valor relativo del uso electoral de la procuración de justicia fuese menos importante que en un contexto de pluralidad y competencias efectivas. Ya que muchos otros mecanismos aseguraban el dominio electoral del PRI, además, si acaso hacia falta emplear ese recurso contra algún opositor, solía bastar la mera amenaza de su uso para desactivarlo.

Con el paso del tiempo, el uso de la justicia con fines políticos ha venido aumentando. Ese costo ha tenido que ver, fundamentalmente, con los cuestionamientos a la legitimidad de aquellos ganadores de contiendas electorales, cuyos gobiernos y/o partidos hubiesen utilizado electoralmente la procuración de justicia. Dichos cuestionamientos han resultado costosos no solo para el ganador, sino para todos, pues han obligado a los gobernantes cuestionados a intentar legitimarse echando mano de estrategias que han distado de ser las más benéficas para la sociedad.

Aunque hasta el momento el uso del aparato de justicia con fines electorales, por parte de los gobernantes en turno a seguido siendo positiva. Se vislumbran, sin embargo, fracturas al interior de la clase política que pudieran estar abriendo espacio para que, al menos un grupo dentro de ella, estén dispuestos a aceptar el tránsito hacia una procuración de justica no controlada por ningún Gobierno. Una situación de este tipo abriría una oportunidad histórica para lograr avanzar hacia la construcción de un sistema de justicia menos sujeto a las voluntades e intereses de los gobernantes y los partidos que controlan el aparato de justicia.

Si Morena-Gobierno, o en el ámbito local, el Gobierno del Estado, consigue neutralizar a sus opositores en la contienda de este año usando el aparato de Justicia con fines electorales, el costo mayor no será que pierda tal o cual candidato. La pérdida mayor será la de haber desaprovechado la oportunidad inédita para transitar de un sistema de justica que apuntala y reproduce la desigualdad, a uno capaz de igualar la cancha para todos; en especial para los mexicanos con mayores carencias no solo económicas sino de acceso la justicia.

ES Cuanto.

Twitter: @ErickSolisT