Por: Erick R. Solís Tavizón

 En países desarrollados, el sistema de justicia es el pilar fundamental del sistema democrático, y convierte el Estado de Derecho en una realidad, ya que funciona como un verdadero contrapeso del poder y la certeza de castigo para quienes infringen la Ley es una realidad. En cambio, el sistema de justicia en nuestro país dista mucho para alcanzar dichos estándares. Cada año aumentan, según cifras oficiales, el número de homicidios dolosos, las denuncias que reciben las fiscalías por lesiones provocadas por distintos tipos de armas, sin mencionar los robos de vehículos, a casa habitación, extorsiones, violaciones y demás delitos que afectan a la inversión extranjera y por ende la falta de empleo y de desarrollo económico en nuestro país.

Las instituciones involucradas en responder a las demandas de la sociedad en materias de seguridad publica y justicia ha hecho que el proceso de impartir y administrar justicia en México, tenga carencias, debilidades y retos monumentales. Datos oficiales muestran que, en la actualidad, la cifra de policías en el territorio es de 1.1 por cada mil habitantes, aunque de manera operativa la cifra muestra que hay solo 0.8 agentes, según la Secretaría de Gobernación. Esto a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda que la tasa sea de por lo menos 1.8.

Son ciertos factores los que afectan y que impiden que la justicia en nuestro país pueda ser pronta y expedita, pero sin duda el tema presupuestal es uno de los que se convierten en un verdadero dolor de cabeza, ya que, además de insuficientes, los presupuestos destinados a los sistemas de impartición de justicia no son transparentes y no siempre son utilizados con el fin que deberían. Nuestras deficiencias recaen en la falta de cobertura de policías y de personal judicial, además de la profesionalización de los mismos.

En México, Estados Unidos y otros países del mundo que datan de larga historia democrática, los jueces, magistrados y otras autoridades del Sistema Judicial, son electos bajo procesos que no garantizan la independencia y la separación de poderes, ya que dichas autoridades son propuestas por el Poder Ejecutivo y ratificadas por el Legislativo, en dicho proceso no se involucran otras organizaciones académicas o gremiales y el periodo en el cual ostentan el cargo es efímero. Aunque dicha encomienda se puede extender por algunos periodos.

En el caso de los sistemas penitenciarios mexicanos, el ultimo eslabón en la cadena de justicia, la falta de recursos y el poco control que se tiene de la población recluida, permite que desde las cárceles se planifiquen; secuestros, robos, extorsiones, narcomenudeo, y demás delitos que hacen que se siga perpetuando el circulo de la criminalidad.

La justicia y el Estado de Derecho son fundamentales para el funcionamiento adecuado de un país y para la sobrevivencia de la democracia.

Es claro que los altos niveles de corrupción e inseguridad que sufre el país no podrán ser erradicados si no se construye una institucionalidad judicial digna, profesional, eficiente e independiente. Fortalecer nuestro sistema de procuración y administración de justicia es uno de los retos más importantes y en el que debería de basarse la propuesta de nuestros candidatos, pues en ellos recae la asignación y gestión de presupuestos, por ello la importancia de esta elección, pues no solo se eligen representantes en los congresos federales y locales, sino que puede ser un parteaguas de una verdadera evolución en nuestro sistema judicial.

ES Cuanto.

Twitter: @ErickSolisT