Por: Ernesto Escobosa

Buena parte del debate público sobre la equidad de género en México se origina desde la victimización, muy parecido a los discursos emancipatorios de la esclavitud que se daban hace dos siglos y a los de inclusión racial de la segunda mitad del siglo pasado, aunque ambos temas no tengan nada que ver. La discusión sobre la equidad entre varones y mujeres se ha centrado básicamente en torno a las posiciones del poder público, en el sector productivo eso es impensable debido a que las capacidades y vocaciones son las que imperan para darle funcionalidad a las actividades económicas. Nunca veremos iniciativas de ley, marchas y movimientos sociales en los que las feministas demanden una paridad del 50 por ciento en oficios como la albañilería o en actividades como las que desempeñan los estibadores, es decir, esta perspectiva, que se está convirtiendo en una ideología populista, solo está enfocada a repartirse el poder no a una equidad de género con alcance social a todas las actividades humanas. Las democracias más desarrolladas están fundadas en los méritos y los talentos de las personas, precisamente para que el Estado y sus instituciones estén conformados por los más capaces, por quienes aporten más a la colectividad y su participación tenga una mayor utilidad social.

En países como México, una democracia aún muy inconsistente, con un sistema de leyes contradictorio e instituciones débiles, el debate por la equidad de género ha rayado no solo en la demagogia, sino también, en el populismo al darle soluciones simples a un problema complejo con profundo arraigo cultural que se materializa en los usos y costumbres que gradualmente van cambiando. La criminalización a los varones y la victimización de la mujer en esta última generación de leyes de género, en las que básicamente el varón es intrínsecamente malo y la mujer es buena por naturaleza, de entrada, contradicen a prácticamente todas las constituciones del mundo, no solo a la mexicana, a la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y a los tratados internacionales que ha firmado México en este rubro, debido a que el concepto fundamental es que las personas son iguales ante la Ley sin importar su género, raza, creencias, etcétera.

México, en particular, es un país con grandes rezagos, que tiene instituciones diseñadas para la realidad posrevolucionaria y que, evidentemente, se han vuelto obsoletas para ser eficaces en la actualidad, el desarrollo de un país se propicia teniendo a las personas más competentes en los cargos públicos, no con la solución simplista de que la mitad de los funcionarios sean de un género y la otra mitad del otro género.

Ninguna de las potencias mundiales que han surgido a lo largo de la historia documentada hubieran tenido tal evolución si hubieran actuado bajo la premisa de la equidad de género que se tiene actualmente en México, sin duda, no hubieran sido lo que fueron y muy posiblemente ni siquiera hubieran sido potencias. La equidad radica en tener las mismas oportunidades, en México esa premisa se traduce en repartirse las oportunidades; el próximo año habrá elecciones a gobernador en seis entidades, si hipotéticamente un partido político cuenta con cinco mujeres y un varón que puedan ganar las elecciones, ese partido tendrá que sacrificar las aspiraciones de dos mujeres y perder dos entidades, cuando la justificación existencial de un partido político es competir y ganar en los procesos electorales; así de absurda y demagógica es la actual legislación mexicana basada en cuotas de género.

Twitter: @ernestoescobosa