Por: Dionel Sena

Una vez más entró en vigor en todo el estado de Durango la siempre controversial Ley Seca, misma que no es otra cosa que la prohibición para la venta de bebidas con contenido alcohólico para prevenir altercados públicos y de seguridad que pudieran llegar a comprometer la jornada electoral de la fecha pactada para celebrar elecciones, lo cual, aunque viene plasmado en el artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es innegable que esta zona limítrofe no estaría obligada a acatarla, aunque en este caso fue el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y el INE quienes así lo solicitaron a la autoridad correspondiente, es decir, cumplieron con ese lineamiento legal y por ende ya entró en vigor.

Quienes como cada año pegaron el grito en el cielo fueron los empresarios del ramo restaurantero, mismos que argumentan una baja en las ventas cada que hay elecciones, pues aseguran que más de 900 establecimientos de este ramo salen afectados, lo cual repercute desde la baja en venta de alimentos -durante los días que dure la Ley Seca-, el tema de proveedores y el servicio que se brinda al turista que visita la entidad también resulta deficiente, es por ello que están pidiendo que esta medida ya no sea aplicable en este estado para jornadas electorales venideras, lo que inevitablemente abre un debate sobre su viabilidad, pues las opiniones resultan encontradas en varios sentidos.

Mientras que hay quienes defienden la normativa como una obligatoriedad para que no haya distractores el día de las elecciones, también hay quienes opinan que en nada resta a la voluntad ciudadana de participar en la jornada electoral si así ya lo decidieron, además que con la proliferación de las “ventanas” quién quiera encontrar alcohol en esos día de alguna manera lo obtendrá, o bien hará las compras con antelación para evitar la restricción referida, es decir, hoy en estos días no pareciera una misión difícil el conseguir este tipo de productos en cualquiera de sus modalidades, sin embargo, la Ley se debe cumplir -por ahora- y quien no la haga deberá asumir las consecuencias, mismas que pueden desembocar en una clausura.

La información que se tiene hasta ahora es que las seis entidades que vivirán elecciones mañana (Puebla, Baja California, Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango), sí aplicarán la Ley Seca en sus zonas limítrofes, lo cual pudiera cambiar en el 2021, año en el que se tendrá que renovar la cámara de diputados en San Lázaro, paradójicamente, son los legisladores actuales los que tienen en sus manos la reforma referida, que como ya se explicó, los estados estarían en total libertad de acatarla o no, aunque difícilmente hoy en día alguno se arriesgará a no hacerlo, no tanto por las implicaciones legales que pudiera tener, sino más bien por no dar de qué hablar.

Twitter: @dionelsena