Por: Dionel Sena

La detención de Rosario Robles Berlanga, por haber consentido un multimillonario desvío de recursos públicos por el orden de los poco más de siete mil millones de pesos, mejor conocido ahora como la “Estafa Maestra”, indudablemente que puso nerviosos a más de uno en todo el país, pues es innegable que varias instituciones y personajes fueron utilizadas y accedieron para montar esa simulación, entre ellas universidades de carácter público, cuyos exfuncionarios o exrectores, que tenían la facultad de otorgar esas firmas, aprobaron dichos contratos y por ende, son tan culpables como quien en este momento sigue detenida en el penal de Santa Martha Acatitla; bueno pues dichas investigaciones, que por cierto lleva la Fiscalía General de la República, pudieran alcanzar a Durango luego que el actual rector de la UJED, Rubén Solís, reconociera que su antecesor, Erasmo Návar, firmó convenios con la Sagarpa por varios millones de pesos, dependencia federal que está involucrada en el multicitado desvío de recursos.

Al ver que el nombre de la Universidad Juárez del Estado de Durango pudiera resultar “manchado” con toda la investigación que se está haciendo, de inmediato el actual rector condenó dichas acciones que se hicieron en el pasado, y que ahora ya son del dominio público, aclarando que su administración no está realizando alguna auditoría al respecto, pues eso es responsabilidad de las autoridades federales que llevan el caso, como la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad fiscalizadora de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto Castillo, y desde luego la Fiscalía General de la República, que es la parte acusadora y que llevó a Robles Berlanga primero ante un juez y después presionó para que el tiempo que dure el juicio estuviera en prisión preventiva, lo que al parecer así transcurrirá.

Hasta donde ha trascendido, el convenio que la máxima casa de estudios firmó con Sagarpa fue del orden de los 10 millones de pesos, lo cual se supo gracias a la denuncia que hizo la Auditoría Superior de la Federación, misma que reveló que otras instituciones superiores de carácter público también fueron utilizadas para el mismo efecto, por lo que la lógica indicaría que el brazo de la justicia también debería alcanzar a todos los involucrados, mismos que, claro está, estarán en su derecho de defenderse y demostrar su inocencia, lo que en este caso será muy difícil de probar, pues la mayoría de las universidades señaladas en la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, no se sabe en dónde aplicaron dichos recursos públicos, pues se presume que todo se trató de una simulación de firma de contratos que nunca se ejecutaron, en el caso de la UJED no se sabe en dónde se ejecutaron dichos recursos.

Lo más importante en este momento para Rubén Solís y compañía, es buscar limpiar a como dé lugar el nombre de la Universidad Juárez del Estado de Durango, la que penosamente aparece en la investigación sin deberla ni temerla, pues no es justo que por directivos del pasado, se le esté señalando en la “Estafa Maestra”, de lo que sin duda el hoy Rector se está desmarcando y no sólo eso, también está señalando cuál es personaje que permitió semejante intromisión de aquella oscura estrategia, por lo que ahora sólo queda el actuar de las autoridades correspondientes en el caso y deslindar responsabilidades. Lo que queda claro es que no se puede ensuciar el nombre de la máxima casa de estudios en este tema, cuando no fue la institución como tal la que estuvo involucrada, sino más bien quienes en aquel entonces dirigían sus destinos y que por ahora deberían ser los únicos responsables y no la Universidad como tal.

Twitter: @dionelsena