Por: Dionel Sena

Luego de la hecatombe que se desató la semana pasada por los 18.7 mdp que arrojó en observaciones el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), ahora los diputados de la presente legislatura local están enfocando sus energías en analizar las cuentas públicas de los 39 municipios de Durango, correspondientes al 2018, mismos que tienen en común el que, en su gran mayoría, los responsables de esas administraciones ya no están al frente, salvo contadas excepciones de quienes sí pudieron reelegirse, sin embargo eso no los exime de tener que responder ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) por las irregularidades que pudieran llegar a surgir, mismas que, según dicen, podrían abarcar a un número importante de alcaldías, algunas de ellas muy importantes en varios rubros, en especial en el político, pues las consecuencias de los resultados que arrojen esas cuentas públicas podrían descarrilar algunos proyectos electorales rumbo al 2021 y al 2022.

Uno de los municipios que seguramente levantarán mayor estupor -en caso de confirmarse las observaciones que se avizoran-, es el de Durango, y concretamente el que encabezó José Ramón Enríquez Herrera, quien sostiene desde hace tiempo diferencias irreconciliables con la presente Legislatura local, por lo que no sería extraño que, una vez más, se dé otro choque de trenes entre ambas partes, ya se verá en qué rubros surgen las observaciones y si estas son capaces de solventarse, pues cabe recordar que quienes acompañaron al oftalmólogo en esa administración, desde el último de agosto dejaron de prestar esos servicios, por lo que será muy complicado que en caso de tener que comprobar las erogaciones respectivas, puedan solventarlas, algo por lo que tendrán que pasar de igual manera el resto de los exalcaldes.

Se debe precisar que el tercer municipio más poblado del estado, Lerdo, también estaría en vilo, pues bajo la administración de María Luisa González Achem se convirtió en uno de los más convulsos del último trienio, siempre sumergido en escándalos y en cuestiones administrativas, que lo más seguro es que pronto saldrán a la luz, pues a decir de algunos diputados -de quienes nos reservamos sus generales- será casi imposible que puedan solventar el ejercicio fiscal del 2018, lo que conllevará a que no le aprueben la cuenta pública a ese Ayuntamiento, y por ende se les fincarán responsabilidades a los funcionarios que ya se fueron, mismos que seguramente ya ni están en La Laguna a sabiendas de lo que se venía, por lo que será clave la colaboración que pueda hacer el actual alcalde, Homero Martínez Cabrera, quien hasta donde ha trascendido, quiere que todo quede debidamente transparentado, lo que augura una colaboración de principio a fin en lo que las autoridades requieran.

Otros de los que estarían en “capilla” -según radio pasillo- serían: Suchil, bajo la administración del petista Jaime Sarmiento; Pueblo Nuevo, con José Luján (PAN-PRD); Tlahulilo, con Sergio Nevárez Nava. (PAN-PRD), y Poanas, Gerardo Gutiérrez (PAN-PRD), por lo que según nos cuentan, la EASE este mismo año les notificó las observaciones que deberían solventar, la duda es si lo hicieron antes que concluyeran sus gestiones, caso contrario, la labor de comprobación será muy complicada en muchos sentidos, ya que el hecho que ya no estén en esos cargos públicos, no les permite evadir las responsabilidades que aún se les pueden fincar, dependiendo de las irregularidades que les hayan encontrado.

Twitter: @dionelsena