Por: Dionel Sena

Aún no terminamos de digerir los 18.7 millones de pesos de observaciones que arrojó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, del ejercicio fiscal del 2018, y que aún no se aclara del todo lo que pasó con la denuncia pública que hizo el diputado local David Ramos, sobre que desde ese órgano electoral lo estaban chantajeando a cambio de aprobar la cuenta pública del Instituto y de esa manera el PRD salvaría su registro local en Durango, y ya el IEPC analiza la solicitud de un presupuesto de alrededor de 124 millones de pesos para ejercerlos en el 2020, año que, dicho sea de paso, no será electoral para el estado, aún así, lo más seguro es que los consejeros lo defiendan afirmando que su propuesta es 92 millones de pesos menos que lo que ejercieron este año, mismo en el que por cierto, les tocó organizar los comicios de las 39 alcaldías el pasado 2 de junio y para lo cual se les dieron 216 millones de pesos, aún así eso no evitó que las impugnaciones y los recursos en tribunales estuvieran a la orden del día.

Fue el representante jurídico del Partido Duranguense, Antonio Rodríguez, quien evidenció ayer este intento de presupuesto a través de las redes sociales, mismo que ya se “cocina”, y que hoy será presentado, discutido y muy probablemente aprobado ante el Consejo General de ese órgano electoral, mismo que lo más seguro es que levante mucha expectativa y morbo, principalmente por los antecedentes antes expuestos, pues de llegar a ser aprobado y que depende mucho de cómo salga, se iría directamente al Gobierno del Estado (que le puede dar una buena “rasurada”, porque está en su facultad) y éste a su vez lo entregaría -con las adecuaciones que le tenga que hacer- al Congreso del Estado, en el que dicho sea de paso, algunos diputados no aprueban la gestión de los consejeros electorales, lo cual quedó de manifiesto en la última comparecencia de Juan Enrique Kato Rodríguez, por lo que es casi seguro que cuando este tema salga a la luz, varios de esos legisladores busquen posicionar algún comentario al respecto y no hay que ser un adivino para saber que será absolutamente en contra de esa OPLE, que en las últimas semanas ha estado en el «ojo del huracán» por varios motivos.

A reserva de ver a detalle el contenido de la propuesta referida, es casi un hecho que la mayoría estarán atentos de si, además de sacrificar varios millones de pesos por las elecciones que no van a organizar este año, los consejeros son capaces de entender el mensaje de reducir sus escandalosas prestaciones, mismas que rayan en el insulto, si se toma en cuenta la realidad que vive el país y el estado con la llamada “austeridad republicana” que ya raya en la “pobreza franciscana”, de ahí la teoría de que debe sentirse que ellos están sacrificando algo, caso contrario es altamente probable que la propuesta no pase o bien y le hagan una cirugía mayor que termine muy por debajo de las expectativas que pudieran tener en estos momentos los consejeros referidos, los cuales se duda mucho que ajusten su sueldo, sus bonos, sus aguinaldos o hasta algunas compensaciones que no terminan por ser claras a qué corresponden, ello sin obviar los vehículos de lujo que usan a diario, algunos de los cuales llegan a ser hasta de ocho cilindros, dejando en claro que lo que menos les inquieta es gastar miles de pesos al mes por concepto de gasolina.

Es importante, de igual manera, que tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo, entiendan que el presupuesto del IEPC no sólo lo ejercen los consejeros, pues una buena parte de ese recurso se va en gasto corriente, donde están los sueldos de todos los empleados que día a día acuden a desempeñar ya sea alguna actividad administrativa o de otra índole, según el cargo que ostenten, por ello se debe tener cuidado de que si hay recortes, estos no vayan a repercutir en las prestaciones o plazas de algunos empleados del Instituto, pues hay quien piensa que en el afán de seguir devengando lo que ganan hasta ahora, los multicitados consejeros busquen hacer ajustes en áreas en las que algunas personas se pudieran quedar sin empleo o les reduzcan sus salarios, lo cual no debería espantar a nadie, pero es innegable que si está en manos de los diputados impedirlo, estos lo deben hacer, ya que si eso no llega a ocurrir, quienes resulten afectados podrán recurrir al Tribunal Estatal Electoral a demandar sus casos, instancia facultada justamente para ver por los derechos de esos trabajadores, y que en la última época les ha generado una gran confianza, pues la mayoría de las resoluciones han ido a su favor.

Twitter: @dionelsena