El senador de la República por el estado de Nayarit, Pavel Jarero, anunció hoy la consolidación del Estado del bienestar en México con la aprobación de un paquete de programas sociales que ahora cuentan con rango constitucional. En una declaración que marca un hito en la construcción de la Cuarta Transformación, Jarero destacó que programas como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes Gratuitos, Bienpesca y Precios de Garantía se integran ya de manera oficial en la Constitución, garantizando su permanencia y alcance para el bienestar de los sectores más necesitados.

El senador también enfatizó que, junto con estos programas, se oficializa el respaldo constitucional al apoyo para adultos mayores y las becas para jóvenes, y, en un avance sin precedentes, se reconocen los derechos de las personas con discapacidad, reafirmando el compromiso social del Estado. “Este es el cumplimiento de una palabra empeñada hace años con el pueblo de México: construir un país más justo e inclusivo”, declaró Jarero.

El legislador nayarita situó este logro en el contexto histórico de las grandes transformaciones del país, comparando este momento con la Independencia de México, el establecimiento del Estado laico durante el periodo juarista, y la inclusión de derechos sociales en la Constitución de 1917. Jarero señaló que, al igual que esas transformaciones, la Cuarta Transformación es un compromiso real y tangible hacia un México con mayor bienestar y justicia social.

En su declaración, el senador destacó también que este modelo de Estado del bienestar es compatible con un desarrollo económico generalizado. “Los indicadores económicos de México confirman que seguimos un rumbo de crecimiento sostenido y saludable. Estos programas, además de mejorar la vida de los ciudadanos, respaldan y potencian el desarrollo económico del país”, explicó.

Pavel Jarero concluyó reiterando que los mexicanos pueden sentirse satisfechos y confiados en que el gobierno ha cumplido su promesa de no fallar al pueblo. Con esta decisión, los programas sociales quedan protegidos por la Constitución, asegurando su continuidad y posicionando a México en un camino de mayor igualdad y oportunidades para todos.