Una exservidora pública del municipio de Santa Bárbara ha sido inhabilitada por una década para ocupar cargos públicos. La decisión se tomó tras una auditoría estatal que reveló el uso indebido de recursos públicos para cubrir pagos de su crédito de vivienda ante el Infonavit. Este acto generó un beneficio personal indebido por más de 91 mil pesos durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022.

Detalles del caso

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades mientras esta persona se desempeñaba como contadora adjunta en la Dirección de Finanzas municipal. Se descubrió que autorizó pagos mayores a los permitidos legalmente, y no se aplicaron las deducciones correspondientes a su salario, trasladándose el costo al erario municipal.

Acciones legales y sanciones

El caso fue presentado ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que determinó la existencia de faltas graves como el desvío de recursos públicos y abuso de funciones. Como sanción, además de la inhabilitación, la exfuncionaria deberá pagar una multa económica de 183 mil 565 pesos.

Implicaciones futuras

Este incidente resalta la importancia de las auditorías para prevenir el mal uso de recursos públicos y asegurar la transparencia en la gestión gubernamental. Las autoridades continuarán vigilando las finanzas públicas para evitar futuros abusos.

El caso subraya la necesidad de un manejo ético de los fondos públicos para mantener la confianza ciudadana en las instituciones.