México genera alrededor de 1.2 millones de toneladas de basura electrónica cada año, una cifra que evidencia un problema ambiental y de salud pública que carece de una regulación adecuada en el país.

Ante este escenario, la senadora Gina Campuzano González presentó una iniciativa para reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el objetivo de reconocer jurídicamente a las personas recicladoras de base y establecer un manejo diferenciado de los residuos, en particular los electrónicos.

Durante la sesión del Senado, la legisladora señaló que más de 400 mil familias en México dependen de la recolección y separación de residuos para subsistir, pese a que su labor permite a los municipios ahorrar millones de pesos y extender la vida útil de los rellenos sanitarios hasta por una década.

Sin embargo, advirtió que las y los recicladores de base no están reconocidos en la legislación vigente, lo que los mantiene en condiciones de informalidad, sin protección legal y expuestos a riesgos sanitarios, laborales y de estigmatización social.

La iniciativa propone incorporar por primera vez la figura del reciclador de base en la ley, no para generar burocracia, sino para visibilizar su aportación y facilitar su inclusión en los sistemas municipales de gestión de residuos, como parte de un modelo de economía circular con enfoque social.

Campuzano González subrayó que no todos los residuos pueden tratarse de la misma manera y alertó sobre el crecimiento acelerado de los residuos electrónicos, que contienen materiales altamente contaminantes como plomo, mercurio y cadmio, los cuales representan un riesgo para la salud y el medio ambiente si no se manejan de forma especializada.

La senadora destacó que países como Chile y Colombia ya aplican esquemas de gestión diferenciada de residuos, lo que ha permitido fortalecer la protección ambiental, mejorar las condiciones laborales de los recicladores y generar beneficios económicos locales.

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, donde será analizada para su eventual dictaminación.