La implementación de la contraloría social será el eje para evitar el coyotaje y el tráfico de folios en el acopio de frijol en Durango, afirmó María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, durante la rueda de prensa encabezada junto al gobernador Esteban Villegas Villarreal.

Albores explicó que, ante el incremento del volumen de acopio a 40 mil toneladas, se fortalecieron los mecanismos de vigilancia para garantizar que el programa beneficie exclusivamente a pequeñas y pequeños productores, evitando que intermediarios acaparen el grano o simulen ser beneficiarios.

Detalló que la contraloría social estará integrada directamente por productores de las propias comunidades, quienes participarán en comités instalados en cada centro de acopio. Estos comités tendrán la función de supervisar la recepción del frijol, verificar que quienes entregan cumplan con los requisitos y alertar sobre cualquier intento de irregularidad.

La directora subrayó que el nuevo esquema de Acopio para el Bienestar, que sustituye al programa de Precios de Garantía, se diseñó para corregir prácticas del pasado y cerrar la puerta a los coyotes. “Este programa es para pequeños productores, y si no lo cuidamos entre todas y todos, se puede desvirtuar”, señaló.

Como parte de estas acciones, Alimentación para el Bienestar ha realizado asambleas comunitarias previas y posteriores a la cosecha, con el objetivo de escuchar directamente a los productores y ajustar las reglas operativas conforme a las realidades del campo duranguense. De estas asambleas surgió la propuesta de fortalecer la contraloría social como una herramienta viva y funcional, no solo administrativa.

Albores añadió que también se avanza en la geolocalización de parcelas, lo que permite verificar que el frijol proviene efectivamente de predios de pequeña escala y que corresponde al productor registrado. Este proceso, dijo, ya presenta un avance cercano al 80 por ciento en el estado.

Asimismo, informó que los pagos se están realizando conforme a la regla de operación, con un plazo máximo de 72 horas, para evitar que los productores se vean obligados a vender su cosecha a intermediarios por necesidad económica.

Finalmente, hizo un llamado a las y los productores a denunciar cualquier intento de cobro indebido, extorsión o irregularidad en los centros de acopio, reiterando que el objetivo del programa es proteger el ingreso de quienes trabajan la tierra y garantizar un precio justo para el frijol de Durango.

Por: Antonio Gaytán