Deudor alimentario será un impedimento para ser magistrado o juez en Durango
08/02/2025 - Hace 3 horas en Durango EstadoDeudor alimentario será un impedimento para ser magistrado o juez en Durango
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El diputado local Fernando Rocha Amaro, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa en la sesión permanente del Congreso del Estado de Durango. La propuesta establece como requisito indispensable no ser deudor alimentario moroso para desempeñarse como magistrado o juez de primera instancia en la entidad.
Deudor alimentario: impedimento para ser magistrado o juez
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales protegen los derechos de los niños, incluyendo el acceso a alimentos, educación y salud. Sin embargo, hay quienes, pese a una sentencia firme, incumplen con su obligación de pagar la pensión alimenticia, afectando gravemente a los menores.
Un magistrado o juez debe ser un ejemplo de ética y responsabilidad. Si una persona no cumple con su deber legal y moral de proveer sustento a sus propios hijos, difícilmente puede garantizar justicia imparcial y equitativa desde el poder judicial. La falta de pago de pensión alimenticia impacta directamente en la calidad de vida de los menores, comprometiendo su desarrollo físico, emocional y académico.
Reforma en Durango para garantizar jueces íntegros
El artículo 38 de la Constitución establece las causales de suspensión de derechos ciudadanos, incluyendo la morosidad en obligaciones alimentarias. La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023 refuerza esta disposición, impidiendo que deudores alimentarios accedan a cargos públicos.
Por ello, la iniciativa busca modificar la Constitución Política Libre y Soberana del Estado de Durango para que ninguna persona deudora alimentaria morosa pueda ser magistrado o juez. Además, el artículo 55 de la Constitución local incluirá este criterio como impedimento para otros cargos de elección popular, junto con condenas por delitos como violencia familiar y abuso.
Con esta medida, se pretende fortalecer la ética y la responsabilidad en el sistema judicial, asegurando que los magistrados y jueces sean personas íntegras y comprometidas con la justicia y los derechos de la infancia.
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