Durango muestra avances en la sanción de servidores públicos y se coloca por encima de varias entidades en la conclusión de procedimientos administrativos, de acuerdo con las cifras más recientes del INEGI. Aunque la entidad mantiene una baja tasa de investigaciones iniciadas, su capacidad para sancionar casos que sí llegan a proceso revela un sistema que opera con mayor efectividad en la fase de castigo.

El Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2024 señala que Durango registró 32.6 servidores públicos sancionados por cada 10 mil empleados estatales durante 2023. Este nivel supera al de estados con mayor población y estructura administrativa como Guanajuato, Puebla, Guerrero, Chihuahua o Michoacán, y se acerca a entidades como Nuevo León, Ciudad de México y Zacatecas.

Si bien Durango no alcanza los niveles más altos del país —donde el Estado de México encabeza con 103.1 sanciones y Campeche con 81.0— sí se mantiene en una zona media-alta, por encima de más de la mitad de las entidades federativas. Esto indica que, una vez iniciados los expedientes, la probabilidad de que concluyan en sanción es mayor en comparación con otros estados.

El contraste aparece en el número de investigaciones. Durango abrió 15.1 investigaciones por cada mil servidores públicos, una cifra por debajo del promedio nacional estatal de 34.6. Solo entidades como Baja California Sur, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán o Sinaloa reportaron tasas menores.

Mientras estados como Quintana Roo (176.7), Chihuahua (136.9), Aguascalientes (76.2) y Coahuila (75.9) multiplican la actividad investigadora, Durango mantiene un volumen limitado de expedientes iniciados. El dato abre la discusión sobre si el estado enfrenta menor incidencia de corrupción o si requiere fortalecer sus capacidades de supervisión interna.

A nivel nacional, el contexto continúa siendo desafiante. Durante el primer semestre de 2025, el 45.2 por ciento de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública reportaron haber sido víctimas de corrupción, lo que confirma que el fenómeno sigue siendo uno de los principales problemas de gobernanza del país.

Para Durango, las cifras del INEGI delinean un escenario mixto: se detectan pocos casos, pero se sancionan con mayor efectividad. El reto está en equilibrar ambos extremos. Incrementar la capacidad de investigación permitirá identificar más irregularidades, mientras que mantener la eficiencia en la fase sancionadora reforzará la confianza ciudadana.

El fortalecimiento de los órganos internos de control y la mejora en los mecanismos de detección temprana pueden ayudar a dar el siguiente paso. Durango ya muestra resultados en sanciones; ahora, la oportunidad está en ampliar la vigilancia para avanzar hacia un servicio público más íntegro y transparente.

Por: Antonio Gaytán