La niñez representa el presente y el futuro de nuestra sociedad, por ello, es indispensable garantizar su bienestar integral, sobre todo en contextos donde son afectados por la reclusión de sus padres. En Durango, miles de niñas, niños y adolescentes enfrentan una dura realidad: crecer con el estigma de tener a su madre, padre o ambos en prisión. Esta situación, además de representar una separación física, genera impactos emocionales y sociales severos.
La diputada local Delia Enríquez, del partido Morena, presentó una iniciativa que busca que el Estado asuma la responsabilidad de apoyar de manera integral a estos menores. Se trata de una propuesta que contempla:
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Apoyo psicológico profesional
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Prevención de la discriminación
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Estrategias de integración social
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Acceso a servicios educativos, médicos y económicos
Niñez afectada por la reclusión necesita justicia social
Las consecuencias de la reclusión de un padre o madre son profundas. Los menores suelen desarrollar ansiedad, depresión o problemas de conducta. Además, enfrentan precariedad económica y falta de acceso a servicios esenciales. Esta iniciativa reconoce que la infancia debe ser un bien jurídico protegido por el Estado, aún en ausencia de la familia.
Durango ocupa el cuarto lugar nacional en la tasa de mujeres privadas de libertad, con 26 por cada 100 mil habitantes. Las hijas e hijos de estas mujeres enfrentan aún más barreras y estigmas, lo que agrava su situación. La justicia social exige que estas infancias no carguen con una culpa que no les pertenece.
Garantizar derechos de la niñez ante la reclusión de sus padres
La propuesta legislativa busca romper el círculo vicioso de las conductas antisociales, fomentando un entorno digno para la niñez vulnerable. “Un niño feliz no será un adulto que viole la ley”, afirmó la diputada. Esta reforma a la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Durango es un paso firme hacia una sociedad más justa y solidaria.
El compromiso de la Cuarta Transformación es claro: no dejar en el olvido a los más vulnerables. Esta es una oportunidad histórica para que el Congreso del Estado garantice condiciones dignas para quienes más lo necesitan. La iniciativa es un acto de justicia social, por la niñez, por la dignidad, por el futuro de Durango.
Por: Antonio Gaytán
