Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a El Mezquital, Durango, a donde acudió para inaugurar la primera etapa del camino artesanal Pata de Gallo-Santiago Teneraca, fue notoria la protesta de un grupo de comuneros que busca impedir la explotación del bosque.

«No a la tala de nuestros bosques», señalaron las pancartas de hombres y mujeres que acudieron al evento de la comunidad Frijoles para hacerle saber su sentir a la presidenta de México. 

En total son 49 comunidades en esta región, sin embargo no se ha logrado un acuerdo para el aprovechamiento de la zona boscosa, esto pese a que previamente se realizó un estudio que costó 10 millones de pesos, coordinado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

En todo momento se buscó determinar si era viable o no aprovechar la región arbolada, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo avaló, pero grupos indígenas se opusieron desde entonces.

En ese sentido, pobladores no han permitido a las autoridades trabajar en la zona boscosa de El Mezquital y su colindancia con otros municipios y estados; es decir algunos están a favor y otros en contra.

Así, la Semarnat autorizó una explotación forestal de 60 mil metros cúbicos de pino y 30 mil metros cúbicos de encino, por año, durante 12 años.

A su llegada, representantes de la comuna agradecieron a la mandataria nacional por dar continuidad al Plan de Justicia a los pueblos indígenas que fue emprendido por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Plan de Justicia contempla la planeación que realizan las autoridades tradicionales por medio de sus propias formas de gobierno y mecanismos de toma de decisiones.

El INPI apoya a las autoridades a desarrollar sus diagnósticos regionales y a integrar sus planteamientos más importantes desde su propia visión de bienestar y justicia.

Por: Richard Ibarra