Por: Víctor Salas

Tito Herbert, regidor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en San Juan del Río, Durango, denunció un mega fraude, el cual hace un año fue dado a conocer a las autoridades de Fiscalía General del Estado (FGD), y hasta el momento no está judicializado.

Se trata de más de mil familias afectadas en aproximadamente 13 municipios, el beneficio era con paquetes de materiales para construcción económicos, y la gente otorgó dinero pero la empresa no cumplió.

A mediados del año 2020, un grupo de personas llamados, Iris Georgina Lozoya Domínguez, su hermano Christian Juvenal Lozoya Domínguez, Dariel Alejandro Martínez Esparza, originarios de Durango, liderados por José Manuel Ramírez Miñarro, originario de Torreón , Coahuila, comenzaron a ofrecer en redes sociales material de construcción a muy bajo costo, el cual comenzaron a entregar como anzuelo en diferentes localidades del estado.

Se dedicaron a buscar a líderes sociales, funcionarios públicos y terceros que fueran bien vistos por la sociedad, con el fin de ofrecerles una alternativa para ayudar a la gente.

Para lograr el objetivo, José Manuel, se presentaba y decía que era coordinador de programas de vivienda de Construrama y Construplan, apoyado por políticos, y una constructora de gran renombre llamada Constructora y Materiales de Torreón (Comato), cuyo gerente es su tío, Juan Carlos Ramírez Miñarro, quienes presumía, licitaba y  debido a su prestigio lograba convenios con ferreteras para lograr costos menores.

Al inicio comenzaron a entregar cantidades de material de construcción, para que la gente corriera el rumor del programa y entregara efectivo a sus colaboradores, utilizando un mecanismo de fraude de pirámide.

En marzo del 2021, comenzó a circular en redes sociales que mucha gente ya no estaban recibiendo el material pagado, y que el supuesto Martin Aguirre, y su equipo, dejo de contestar llamadas y mensajes, lo que alerto a una gran cantidad de personas de muchos municipios a exigir justicia para el rembolso de su dinero.

Transcurrido todo el año del 2021, hasta marzo del 2022, la FGD, no se ha interesado en judicializar y aprender a los responsables, tal parece que se les da el beneficio de la duda y el tiempo para que huyan.

No es la primera vez que Durango es atacado por defraudadores y se salen con la suya, lamentablemente no es un estado que garantice justicia, legalidad, sino impunidad, y la muestra de ello, es que la gente y los afectados son quienes tienen que alzar la voz para ser escuchados.

Tal es el caso de algunos regidores que han acudido a la Ciudad de México a hacer réplica del suceso ya mencionado, todo parece indicar que las autoridades investigadoras, le están brindando el beneficio de la duda a quienes nos defraudaron, finalizó.